Madrid. El gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley general de amnistía, creada ad hoc para los líderes, militantes y simpatizantes del separatismo catalán que tienen procesos judiciales abiertos por su participación en el proceso de independencia fallido que culminó en octubre del 2017. El periodo que abarca la ley, en el que se incluyen delitos que van desde la desobediencia, la rebelión y la malversación, abarca desde el año 2011 hasta la fecha. Varios tribunales de justicia ya iniciaron los trámites para la aplicación de la nueva legislación, que beneficiará a varios centenares de personas.

A pesar de que la ley de amnistía superó el último trámite parlamentario desde el pasado 30 de mayo, el Ejecutivo español decidió ralentizar el proceso de su entrada en vigor ante el temor de que le perjudicará electoralmente en los comicios europeos del pasado domingo. Pero una vez celebradas las votaciones, la ley se publicó en el BOE, después de haber sido firmada por el Rey Felipe VI, en su calidad de jefe del Estado, y tras su notificación en el Boletín Oficial de las Cortes.

Una de las primeras reacciones a la entrada en vigor fue la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de iniciar los trámites para anular las causas abiertas contra los ex presidentes catalanes Artur Mas y Quim Torra, que tenían varios procesos abiertos por desobediencia y malversación de caudales públicos.

También, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye el caso contra el ex presidente Carles Puigdemont le inquirió a la Fiscalía la forma de actuar en este caso concreto y le advirtió que mantenía vigente la orden de detención en su contra ya que, a su juicio, la ley no incluye uno de los delitos de malversación por el que está siendo investigado Puigdemont. Este mismo debate surgió en el seno de la Fiscalía General del Estado, en donde el fiscal jefe, Álvaro García Órtiz, cercano al gobierno, se mostró partidario de incluir los delitos de malversación, mientras que los fiscales que instruyeron el caso y que son quienes finalmente tienen que fijar postura, opinan lo contrario.

Además, el gobierno catalán, presidido por el independentista Pere Aragonés, que se encuentra en funciones y a la espera de que se elija a su sucesor, decidió eliminar de oficio todas las sanciones de carácter “leve y grave” que tengan que ver con el proceso de secesión y que se hayan realizado en base a la aplicación de la llamada “ley mordaza”. Otro movimiento judicial que provocó la entrada en vigor de la ley fue el realizado por el Tribunal de Cuentas, que es donde se reclama a varios líderes separatistas la devolución del dinero malversado, que decidió llevar la causa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es donde finalmente se decidirá si procede o no la anulación de las multas.

Yolanda Díaz se va, pero se queda

Un día después de haber anunciado su dimisión de la coordinación de la coalición de izquierdas Sumar, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, añadió más confusión a su decisión. Desde Suiza, en un nuevo mensaje sin derecho a preguntas, la política española señaló en un mensaje en el que hablaba de sí misma en tercera persona: “Yolanda Díaz sigue formando parte de la Ejecutiva de Sumar, sigo formando parte del órgano de dirección y de la coordinadora que se reúne este jueves. Yolanda Díaz no se va, lo que ha hecho es política de la buena, y es que cuando hay unos malos resultados electorales, en mi convicción política y ética hay que asumir responsabilidades. Quiero hacer pedagogía porque la política tiene que ser así. No me voy, me quedo dentro de Sumar, y ahora Sumar va a dar un debate tranquilo que arranca el jueves”.