Bogotá. La compañía bananera estadounidense Chiquita Brands, sucesora de la legendaria United Fruit Company, responsable de sembrar el caos político y la violencia en Centroamérica y el Caribe a finales del siglo XIX y comienzos del XX, fue condenada a indemnizar a comunidades campesinas de Colombia tras comprobarse que financió durante años a grupos paramilitares de extrema derecha en la zona bananera de Urabá.

Lo único que lamentan hoy voceros de organizaciones populares y de derechos humanos es que el fallo contra Chiquita Brands se hubiera proferido en la corte federal del distrito sur de la Florida y no en los tribunales colombianos a los que apelaron por décadas las víctimas del paramilitarismo.

“Es una verdadera vergüenza que sea la justicia estadounidense y no la colombiana la que abra el camino para juzgar al empresariado que ordenó y financió las matanzas del Urabá”, dijo el politólogo León Valencia luego de conocer la histórica sentencia que incluye una indemnización de más de 38 millones de dólares para las víctimas.

Valencia rememoró los años de pánico que se vivieron en esa región ubicada en departamento de Antioquia, en épocas en que era gobernador el expresidente Álvaro Uribe. Junto a la prosperidad que llevó a la región el auge del banano, llegó una feroz represión contra el movimiento sindical y las organizaciones campesinas. De las detenciones arbitrarias se pasó a la tortura y de allí a la desaparición de lideres obreros. Luego, los paramilitares tomaron las riendas y desataron una ola de terror, masacrando comunidades a las que acusaban de apoyar a las diversas fuerzas guerrillearas que operaban en la región.

Dentro de la llamada “estrategia de pacificación del Urabá”, que Uribe presentaba como un modelo a seguir en todo el país, se desató también el exterminio de la Unión Patriótica, partido que fue sacado a tiros de la escena política nacional.

Tétrica herencia

Durante el larguísimo proceso contra Chiquita Brands, que duró 17 años, los abogados de las víctimas lograron probar que la bananera estadounidense financió con al menos 1.7 millones de dólares y brindó apoyo logístico a tres bloques de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004. También derrumbaron los argumentos de la compañía multinacional que alegaba haber pagado para proteger la vida de sus trabajadores.

La tristemente célebre United Fruit Company, fundada en 1899 y comprometida en decenas de golpes de Estado a lo largo y ancho de Centroamérica y el Caribe, así como en la masacre de miles de trabajadores del banano en 1928, escena con la que Gabriel García Márquez da inicio a Cien Años de Soledad, se convirtió rápidamente en el gigante de la industria de banano y llegó a controlar casi todo el mercado mundial de la fruta, hasta que en 1990 adoptó el nombre de Chiquita Bands.

“El fallo del tribunal de la Florida corrobora que en el ADN de esta empresa hay una marcada tendencia a apelar cualquier método para mantener su posición en el mercado”, comentó a La Jornada el antropólogo Jaime Rueda.

Según varios juristas, el fallo llega a buena hora, pues la justicia transicional creada tras los acuerdos de paz de 2016 se alista para abordar uno de sus más complicados retos: establecer la responsabilidad de banqueros y empresarios del campo y la ciudad, nacionales y extranjeros, en la financiación de los grupos paramilitares.