San Cristóbal de Las Casas, Chis. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), pidió a las autoridades federales y estatales garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los habitantes de Tila, donde “un grupo armado mantuvo a la población en un clima de terror, obligando a las personas a resguardarse en sus domicilios”, lo que provocó que “se quedaran sin alimentos, agua y otros servicios básicos”.

En una “acción urgente” difundida la mañana de este lunes, 10 de junio de 2024, señaló que los habitantes de este municipio situado en la zona norte de Chiapas “viven una fuerte crisis de violencia que tuvo su máxima expresión entre el 4 y 7 de junio cuando un grupo armado ocupó el poblado provocando asesinatos, quema de casas, saqueo de bienes y personas heridas”.

El organismo dijo que “según información pública el viernes 7 de junio ingresaron fuerzas de seguridad estatales y federales”, por lo que “cientos de personas de la cabecera fueron desplazadas, principalmente hacia Yajalón, El Limar y Petalcingo. Dejaron atrás sus casas y bienes materiales, animales, así como personas enfermas y adultos mayores”.

Señaló que “otras más se quedaron por el miedo a perder sus casas ante la amenaza del grupo armado de apropiarse de ellas, mientras que otras no tuvieron la oportunidad de salir a tiempo, quedándose atrapadas en medio de la violencia”.

Manifestó que “este escenario de violencia tiene antecedentes, que fueron denunciados públicamente, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno hayan tomado las medidas necesarias para evitar su escalamiento. A lo largo de los últimos años surgieron varios grupos armados antagónicos, provocando asesinatos, amenazas, extorsión, y diversas formas de violencia aterrorizando a la población en general”.

La Red recordó que “en Chiapas se vive una disputa entre grupos de la delincuencia organizada con la participación de organizaciones armadas locales. Diferentes indicios refieren que esta situación podría enmarcarse en este contexto, donde se disputan economías legales e ilegales, así como el control poblacional del territorio y de las vías de comunicación”.

Al expresar su “preocupación por las graves violaciones a derechos humanos que padece actualmente la población de Tila”, hizo un llamado a los diferentes niveles de gobierno para “investigar los hechos de violencia, delitos cometidos y violaciones a derechos humanos sucedidos entre el 4 y 7 de junio, así como sus antecedentes; atender a la población desplazada en lógica humanitaria y de derechos humanos, garantizar las condiciones para su retorno seguro, así como reparar integralmente los daños sufridos” y “tomar medidas para la no repetición con el fin de garantizar una paz duradera en la región”.

Por separado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas afirmó que las autoridades “ya recuperaron la plaza en Tila y se sigue dialogando para poder llegar hasta los últimos rincones del municipio con el fin de evitar que siga la violencia”; al mismo tiempo advirtió que el caso “no quedará impune”.

En un mensaje transmitido en redes sociales manifestó que “estamos muy atentos a todo lo que pueda atentar contra los derechos y las libertades. Por ejemplo, en Tila ya están las autoridades, las Bases de Operaciones Mixtas, integradas por todas las autoridades, municipales, estatales y federales”.

Abundó: “Este asunto no ha quedado ni va a quedar impune. Ya hay seis personas que fueron aseguradas que se van a enfrentar a la justicia por todo lo que han hecho en contra de la población civil”.

Dijo que el conflicto en Tila “viene desde hace muchísimos años, aproximadamente desde 1969 y durante muchos años ahí crecieron los abusos, pero la plaza ya fue recuperada por la autoridad”.

Insistió en que “todos los que han cometido estos actos de violencia en contra del pueblo deben de tener una sanción; que nadie que haya cometido un delito no sea alcanzado por las instituciones legales. Nadie debe de estar por encima ni fuera del estado de derecho”.