Como ningún otro de los recientes, este gobierno a punto de comenzar será universitario. No sólo porque Claudia Sheinbaum, ahora Presidenta, ahí obtuvo títulos, sino también porque el doctor De la Fuente, hombre clave de la transición y posible titular de Relaciones Exteriores, ahí fue rector y además la doctora Rosaura Ruiz, universitaria, científica y cercana a Sheinbaum es la posible secretaria de Educación.

Es muy significativa la conformación de este grupo puma dentro del gabinete, porque si quiere, podrá utilizar su largo historial de contacto con la educación para fijar su postura al menos sobre cuestiones urgentes en la educación superior y en la básica. La primera de ellas es, sin duda, la deteriorada situación de la universidad pública autónoma en México. Como hemos repetido aquí, de atender hace décadas a casi 80 por ciento de la matrícula en enseñanza superior, las instituciones públicas autónomas han pasado a cubrir hoy sólo 34 por ciento.

Esto no ocurre porque –como se esperaba– las y los jóvenes estén decidiéndose por las nuevas opciones, como las universidades del Bienestar, Interculturales, tecnológicas… La razón es que la gran ganadora en este sexenio ha sido la institución privada (donde la mayoría de escuelas sólo se ocupan de docencia).

Al irse apagando la potencia de las universidades públicas, en las privadas, al contrario, los planteles se han incrementado en 35 por ciento más en este sexenio, y nunca tuvimos una explicación a la mano de por qué esta importante decisión de política formativa y qué se haría frente a ese escenario. Si no se reconoce cuanto antes esta situación, aumentará el número de familias y jóvenes para los que la enseñanza será una mercancía más que no pueden comprar, no un derecho.

Pero, además, la educación privada es una opción que, gracias a la nueva Ley General de Educación Superior puede ahora, igual que la pública, declarar quiénes gozan del derecho a la instrucción y quiénes no, y usar esa facultad para mejor colocarse en el mercado. Como se explica: en el artículo cuatro se especifica que el derecho de las y los jóvenes a la instrucción superior depende, además de haber concluido exitosamente la educación media superior, de cumplir los requisitos que fije cada institución, pública o privada.

Mientras la pública está sujeta a un mayor escrutinio y vigilancia porque depende directamente del Estado y de los recursos públicos, la privada tradicionalmente goza de más libertad para establecer condiciones de acceso y permanencia. De esta manera, el mercado privado (oferta) de escuelas puede ser muy variado e ir desde las que tienen como requisitos altas colegiaturas, un récord académico sin materia reprobada, idiomas, exámenes de todo tipo e incluso requisitos con cargas racistas o discriminatorias, mientras otras privadas más “populares” aceptan a estudiantes con requisitos mínimos.

Si a la generosa ampliación que está teniendo la particular en el mercado se le agrega esta facilidad de moverse en un amplio rango, se la coloca en un nicho muy especial. Tienen una enorme laxitud y flexibilidad ante el mercado, mientras las públicas se verán, en los hechos, más limitadas y se fortalecerá aún más la tendencia ya detectable a considerar que en México es la educación privada la más popular y accesible y no las cada vez más elitistas y pomposas (rankings) instituciones públicas. Esta percepción pública, de afianzarse, puede traer importantes consecuencias en el financiamiento de estas últimas.

Finalmente, el gabinete puma tendrá su prueba de fuego en los conflictos, y ahí no caben las ilusiones de que todo se calma con palabras bonitas y habilidad dialógica. Parte de la rebelión magisterial está en la sustentada percepción de haber sido engañados con una reforma a la reforma de Peña Nieto que sólo cambió apariencias. Y ojo, precisamente por ser universitarios –como sin quererlo señalaba el ex rector De la Fuente el pasado miércoles en entrevista con Aristegui– la nueva presidenta es parte de un grupo especial y privilegiado: científica, de clase media acomodada, con estudios en el extranjero, hija de familia de universitarios y dialógica, y así los demás.

¿Podrá la nueva presidenta puma, desde el balcón de Palacio, entender y comprender por qué allá abajo a los maestros y maestras se les va la vida en su trabajo con la comunidad, sus condiciones laborales y la dignidad de clase? ¿Entender a otra mujer, Jenny, profesora indígena, electa por 80 mil maestros/as como su dirigente en Oaxaca, por qué es de las primeras que corren a enfrentarse a los granaderos que en el Zócalo reprimen a quienes protestaban porque sus compañeros son atacados con armas blancas y de fuego en Oaxaca? ¿Entender a los padres de los 43? ¿Entender –sin meter a la cárcel– a los y las jóvenes que buscan un lugar en la educación superior pública y gratuita y rechazan los cobros y los exámenes del Ceneval?

*UAM-X