Dentro de sus casas de campaña, familias completas de personas provenientes en su mayoría de Haití, pero también de Venezuela, Chile, Colombia, Honduras, El Salvador, entre otros países, fueron sorprendidas de noche por agentes del INM y elementos de la Guardia Nacional, quienes los conminaron a subirse a los autobuses que posteriormente se dirigirían a Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y el estado de México,

Por su cercanía con las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la plaza Giordano Bruno ha sido sede de un campamento de migrantes que buscan regularizar su estancia en México. Familias completas sobreviven en condiciones precarias que, lejos de conmover a los vecinos de la colonia Juárez, los hizo exigir un retiro que se concretó tres días después de las elecciones y de que el presidente estadunidense Joe Biden exigiera blindar las fronteras.

Francisco Garduño, titular del INM que enfrenta un proceso legal en libertad como posible responsable de omisiones en materia de seguridad en la estancia migratoria juarense, se ufanó del desalojo en la capital del país y acudió a felicitar sus agentes, desdeñando el estatus de Ciudad Santuario consignado en la Constitución local, que establece que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos (de los migrantes), bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión.

La calle no es albergue, gritan los vecinos de la colonia, mientras niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y hombres sin destino, tratan de entender un operativo encabezado por un funcionario vinculado a juicio.