En el actual proceso de sucesión presidencial, ¿quién ha fallado?

Es un hecho histórico que las elecciones mexicanas ya se han transformado casi totalmente.

En primer lugar, el Estado garantizó la igualdad de oportunidades entre los partidos y candidatos registrados. Ello implica que se confirme lo que viene sucediendo desde 2019 en México: la neutralidad en los comicios de todas y cada una de las autoridades federales.

En particular, como lo demandan las prácticas democráticas del mundo occidental y lo confirma la fiscalía electoral mexicana, fueron respetadas todas y cada una de las campañas electorales federales y locales; la cobertura por los medios públicos fue excelente en cuanto a la equidad y proporcionalidad de las fuerzas participantes. Además, el financiamiento público a partidos y candidatos se entregó con regularidad y cada contendiente lo gastó como su partido quiso.

Los aislados hechos de violencia que ocurrieron en algunas entidades no fueron la generalidad observada en estos inmensos comicios esparcidos por el territorio nacional. Por cierto, aun cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no son totalmente confiables, los partidos y sus candidatos no dejaron de interponer recursos en esas instancias legales.

La fiscalización de los recursos utilizados por los partidos y el recuento de votos el día de la jornada electoral y su revisión final en distritos electorales para la aprobación concluyente de los resultados, serán las pruebas finales que requieren aprobar ambas instituciones para superar el juicio crítico de la ciudadanía.

En estas elecciones, que culminaron con la jornada electoral, se ha respetado la libertad de expresión como nunca. Todos los contendientes tuvieron acceso mínimo a los medios de comunicación. En materia de publicidad privada no ha existido problema mayor. Los partidos y candidatos de oposición utilizaron todas las armas legales e ilegales posibles para convencer a una ciudadanía que en toda la República les hizo “morder el polvo”. Presidencia, congresos, gubernaturas (siete de nueve) y ayuntamientos en disputa, fueron obtenidos de manera nunca vista en una elección por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México.

La votación ocurrida el 2 de junio se caracteriza, a diferencia de todos los demás precedentes, porque el titular del Poder Ejecutivo federal no utilizó sus enormes facultades metaconstitucionales para que los recursos públicos se canalizaran a algún candidato o partido como fue la costumbre en México hasta hace seis años. Algunos opinadores ligados a la visión de los viejos conductores del INE y excepcionalmente también, alguna consejera o magistrada electoral no aceptaron que el Presidente de la República expresara con toda libertad su opinión sobre lo que ocurría en el país.

Los resultados son la mejor evidencia de que el presidente solo se expresó libremente como lo contempla nuestra Constitución en sus artículos 6, 7 y 134. Andrés Manuel López Obrador, estrictamente, cumplió con la ley, pues no hay testimonios de haber roto la imparcialidad como presidente.

Los programas sociales impulsados en su gobierno son desde hace tiempo derechos plasmados ya en la Constitución. A nadie se le puede acusar de beneficiarse por ese hecho. Todo lo contrario, la ciudadanía fue más libre para decidir qué partido o candidato merecía contar con su voto.

El interés político y la distorsión ideológica de algunos actores académicos y políticos no han valorado suficientemente dos hechos fundamentales en esta sucesión presidencial: como nunca fueron respetados los derechos humanos, y, sobre todo, la libertad de expresión y de prensa. Así como la libertad de reunión.

Pero, lo verdaderamente trascendental es la ausencia de recursos públicos en estas elecciones. Los únicos dineros públicos que intervinieron en estos comicios son solamente los enormes caudales proporcionados por ley a los partidos políticos. Nunca ocurrió intervención ilegal e ilegítima del gobierno federal.

Lo más incuestionable de la jornada dominical fue la despedida, el adiós, que la mayoría ciudadana dio a la coalición PRI-PAN-PRD que hasta el final exhibió la confusión política e ideológica en que viven sus dirigentes reales. Esa derecha histórica sufrió la mayor derrota electoral de su larga vida. No consiguieron la Presidencia; ni convencieron a la ciudadanía para evitar que AMLO y Claudia Sheinbaum gobiernen, respectivamente, con mayoría calificada, el Congreso de la Unión a partir del 1º de septiembre.

Morena y la mayoría ciudadana les dieron repaso y despedida.

*Sociólogo e historiador. Investigador titular del IISUNAM