Ciudad de México. Ante el elevado número de mujeres que han fallecido por presunto suicidio en el Centro Femenil de Reinserción Social (Cefereso) 16 de Morelos, “14 entre el 20 de julio de 2021 y el 29 de mayo de 2024”, organizaciones llamaron a las autoridades penitenciarias a que garanticen y salvaguarden la vida, integridad y la protección de los derechos humanos de las reclusas.
En diciembre del 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió ya una recomendación al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social por 13 de estos 14 casos, al acreditar violaciones a las garantías fundamentales de las víctimas, y a la Fiscalía General de Morelos por omisiones y dilaciones en la investigación de los hechos.
Los centros de Estudios de Acción por la Justicia y el de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, así como Documenta, entre otras organizaciones, exigieron que se investiguen estas muertes y se realice un informe sobre la salud e integridad de las mujeres privadas de la libertad.
Advirtieron que las autoridades no han sido claras sobre lo que está sucediendo en el Cefereso 16, pues aunque recientemente se supo de un caso de intento de suicidio, no se dio información al respecto. Fue hasta que el Instituto Federal de la Defensoría Pública promovió un amparo indirecto, el 31 de mayo pasado, que se pudo conocer que la mujer fue encontrada sin vida el 29 de ese mismo mes por personal penitenciario.
“Las organizaciones sabemos que estos hechos no son aislados”, sostuvieron en un pronunciamiento, en el que igualmente reprocharon que no se les brinde a las reclusas atención sicológica ni siquiátrica de manera oportuna estando bajo custodia del Estado.
“De igual forma, desconocemos qué tipo de medicamento se les está proporcionando, cuál es su diagnóstico y la dosis que reciben. Sumado a ello, no hay información que nos permita conocer el estatus de las mujeres que se encuentran en el penal”, afirmaron.
Expusieron que el 40 por cientos de las féminas del Cefereso se encuentra en prisión preventiva oficiosa. “Es decir, hay 490 mujeres encerradas en una prisión de alta seguridad en espera de una sentencia”.
Indicaron que según relatos de familiares, “las mujeres están 23 horas al día dentro de la celda, se les permite una llamada de máximo 10 minutos. Las visitas se permiten cada 9 días”.
Las organizaciones consideraron que además la falta de atención médica, alimentos insalubres, escasos y no equilibrados, escasez de agua potable, el aislamiento, entre otras medidas, “son actos de tortura como política de Estado”.
