Ciudad de México. La defensa de Rafael Medero Marín solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el no ejercicio de la acción penal respecto de las carpetas de investigación “fabricadas”, por los delitos de violencia intrafamiliar y retención de menores en agravio de su hijo de ocho años, por “buscar que no sea violentado, por parte de su madre, una funcionaria de la Secretaría de la Contraloría General; cuente con la atención médica que requiere; se deje de lucrar con él y conocer si se encuentra bien y con vida”.

Afuera de las instalaciones de la dependencia, la abogada Diana Cristal González Obregón, acompañada de peritos en sicología, trabajo social, criminalística, medicina forense y maltrato emocional, denunció que el “tráfico de influencias” ha provocado que su representado “no sólo no sepa el paradero de su hijo y desconozca su estado de salud y paradero, sino sea víctima de detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento y cateos en su domicilio”.

Dichas irregularidades llevaron a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, mismas que no avanzan, como tampoco el proceso judicial que se sigue por el caso del menor en el juzgado décimo séptimo de lo Familiar y la Unidad de Gestión Administrativa número 13 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo cual “violenta a un menor, a su hermanito de meses de nacido y a la pareja de mi representado”, señaló.

La declaración de un menor de 8 años, quien dijo que quería vivir con su padre, porque él lo cuida, fue invisibilizada e ignorada por la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas, y Adolescentes, a cargo de Miguel Ángel Barrera Sánchez, por “la consigna de su madre, hoy funcionaria de la Secretaría de la Controlaría General, para poder fabricar carpetas de investigación en contra del padre, sin ningún tipo de prueba, actividad muy común en dicha instancia”.

Hoy, denunció Rafael Medero, el menor se encuentra desaparecido, “no sabemos si está vivo o muerto, con un ciclo escolar perdido y gravemente en peligro con el riesgo de requerir un trasplante de riñón en un futuro no muy lejano, al cumplirse la amenaza de su madre de te voy a dar con lo que más te duela”.

En ese entonces, me advirtió que “ ¡Yo soy mujer y tú eres hombre! ¡Mis abogados son dioses y tengo a un senador de mi lado!, pero jamás pensé que fuera tanto su odio, por el simple hecho de rehacer mi vida con una nueva familia. Siempre se ha valido de ser funcionaria de la Secretaría de la Controlaría General para amedrentarme y señaló ser víctima de abuso de autoridad”.

El titular de dicha Fiscalía dijo a personal de la escuela, donde está inscrito su hijo, que, “aunque yo tuviera un amparo, me iba a meter a la cárcel; y, ahora, no sé el paradero cierto de mi primer hijo, no sé si encuentre vivo o muerto, y solo veo como su madre publica su imagen en redes sociales, haciendo creer a la gente que está perdido, para pedir dinero, lucrando con mi hijo”, denunció.

El 9 de mayo pasado, pese a tener un amparo que me protegía contra orden de aprehensión, “fui aprehendido por más de cinco supuestos policías de investigación, sin identificarse y sin llevar protocolos, a plena luz del día, en el Aeropuerto de la Ciudad de México; y agredieron a mi esposa, quien al día siguiente tuvo que acudir a una audiencia y tuvo que dejar a nuestro bebé de meses”.

Su defensa acreditó la violencia ejercida hacia sus derechos humanos e hizo valer la protección de la justicia federal, sin embargo, continúa siendo criminalizado y amedrentado por dicha Fiscalía”, por lo que junto con lo abogada solicitamos una audiencia con el suplente del titular de la FGJCDMX, Ulises Lara López, su intervención y se resuelva este caso conforme a derecho y privilegiando el bienestar de mi hijo.

La Fiscalía además cuenta con tres días para responder a la solicitud de no ejercicio de la acción penal contra mi representado, para lo cual se presentó un documento de 50 cuartillas donde se acredita que no cometió ninguno de los dos delitos que se le imputan y echa por tierra las pruebas presentadas para acusarlo, afirmó la abogada González Obregón.

Mencionó que, acudirán a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a presentar una queja por el actuar de los funcionarios de la Fiscalía y el Tribunal; solicitarán la remoción de estos y la aplicación de las sanciones correspondientes, y llevarán este caso de violencia vicaria ante las instancias internacionales.