A 36 horas del cierre de las urnas empleadas en las elecciones del pasado domingo se tienen ya elementos sólidos para dimensionar los alcances del veredicto popular. En primer término, debe mencionarse el abultadísimo margen de triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que superó por más de 30 puntos porcentuales a su competidora de la derecha, agrupada en el frente Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Con la casi totalidad de las actas computadas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), del Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum suma más de 33 millones de sufragios a su favor, lo que convierte su candidatura presidencial en la más votada de la historia, y acapara casi 60 por ciento de los sufragios, lo que le otorga un mandato sin precedente al menos desde 1982 y, por consiguiente, una legitimidad incontestable y un amplio margen para el ejercicio del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, el proceso comicial aún en curso ha tenido una dimensión adicional como referendo del proyecto de nación que fue puesto en marcha en 2018 por el mandatario Andrés Manuel López Obrador y que la aspirante presidencial de su partido ha prometido continuar, en lo que denomina el segundo piso de la Cuarta Transformación. Es evidente que el respaldo otorgado a Sheinbaum por casi dos terceras partes del electorado es también una muestra multitudinaria de aprobación a la administración actual y a sus políticas de gobierno, particularmente las de bienestar social y de desarrollo regional.
A lo anterior debe agregarse que la ciudadanía, al entregar a la coalición oficialista la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una proporción muy cercana a los dos tercios en el Senado de la República, ha dado su aprobación al conjunto de reformas constitucionales propugnadas tanto por el mandatario saliente como por su muy probable sucesora y que se conocen como plan C. Tales reformas se refieren, en primer lugar, a la indispensable reconfiguración del Poder Judicial, el cual no sólo se ha convertido en una trinchera del conservadurismo para impedir en forma sistemática la aplicación de las políticas gubernamentales de López Obrador, sino que ha llegado a tal grado de descomposición que representa, hoy día, el principal reducto de la impunidad en el país; asimismo, las modificaciones requeridas atañen a la reforma de los organismos electorales y del régimen de partidos. El INE, los organismos electorales estatales y el Tribunal Electoral han experimentado una hipertrofia de estructura y de funciones, resultan absurdamente onerosos y poseen atribuciones desproporcionadas que vulneran la autonomía de las organizaciones partidistas y derechos y libertades fundamentales.
Por otra parte, el enorme margen de la victoria electoral de Morena y sus aliados –los partidos del Trabajo y Verde Ecologista– no sólo crea condiciones favorables para sacar adelante las reformas mencionadas, sino que también coloca al próximo gobierno en posibilidad de avanzar en el desmantelamiento de las perversiones introducidas en la Carta Magna entre 2013 y 2014 en diversos ámbitos. Puede pensarse, por ejemplo, en barrer de la Constitución y de las leyes todo vestigio de la llamada “reforma educativa” impuesta por la presidencia de Enrique Peña Nieto y eliminar al menos los aspectos de la reforma energética más perniciosos para el país, las finanzas públicas y la soberanía en materia de energía.
En el bando contrario, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática obtuvieron los peores resultados electorales en décadas, en el caso del primero, y en toda su historia, en lo que se refiere al segundo, el cual pasó del tercero al cuarto lugar en seis años. Peor aún, el 2 de junio el PRI y el PAN tuvieron, juntos, apenas 27.9 por ciento de la votación, mientras en 2018 lograron, por separado, más de 38 por ciento. Por lo que hace al PRD, los números del PREP indican que probablemente perderá su registro y desaparecerá, en consecuencia, de la vida política.
Es claro que, a falta de un proyecto propio y viable, la derecha se limitó en esta campaña política a denostar al de la Cuarta Transformación y a engañar a sus electores y engañarse a sí misma con la idea de un triunfo electoral para el cual no existía ningún fundamento, a no ser las predicciones a modo elaboradas por empresas publicitarias y disfrazadas de encuestadoras. Los resultados están a la vista: las representaciones partidistas de esa derecha neoliberal y oligárquica, sus intelectuales y comentócratas y sus organizaciones “civiles” de fachada viven hoy una derrota profunda e irreparable.
