Como anoté el lunes anterior, en marzo del año pasado el gobierno mexicano informó que enfrentará sanciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites, por sus siglas en inglés) por no proteger debidamente la vaquita marina, de la cual apenas quedaban 14 ejemplares. La amenaza surtió efecto y el Cites aprobó el Plan de Acción presentado un mes después por el gobierno para prevenir la pesca y comercio ilegal de totoaba y proteger al pequeño mamífero que sólo vive en aguas del alto golfo de California.

Dicho plan contempla impedir el ingreso de embarcaciones a la zona de tolerancia cero y mantenerla libre de redes de enmalle. Igual en la zona de refugio de la vaquita. Mayor combate a la delincuencia organizada trasnacional que trafica con la totoaba. Establecer un programa de artes de pesca alternativas y otro de marcaje y equipos de pesca para embarcaciones menores. Monitorear la población de la vaquita. Crear conciencia entre la población sobre el comercio ilegal de totoaba y sus consecuencias para la conservación.

En fin, ahora sí vigilancia extrema en la zona donde viven las citadas especies y combate internacional al comercio con el buche de la totoaba, que llega a cotizarse en 50 mil dólares. Y por supuesto, apoyar a las familias que aprovechan sustentablemente especies de flora y fauna en el alto golfo.

Aunque el sexenio anterior dedicó mayor presupuesto que el actual a la conservación de ambas especies, fue cuando el problema hizo crisis. Mientras al inicio del dicho sexenio se comprobó la existencia de unas 200 vaquitas, al final eran 30. Una posible explicación es que buena parte de los recursos asignados a protegerla no se aplicaron en los programas establecidos. Se quedaron en el engranaje burocrático y/o alimentaron los sistemas de corrupción oficial y entre los responsables de administrarlos en las comunidades pesqueras.

En los primeros años del actual sexenio, por falta de dinero se detuvo el programa para retirar las redes de pesca ilegal establecido hace ocho años con el fin de evitar que en ellas cayeran ejemplares de la vaquita. Esas redes se destinan en muy buena parte para atrapar camarón. En dicho programa participaban activamente grupos ambientalistas y científicos de México y Estados Unidos y la Armada. Esa carencia bien pudo deberse a los recortes en el gasto federal a fin de enfrentar los efectos ocasionados por el covid-19.

A juicio del doctor Horacio de la Cueva, uno de los investigadores que rastrea a dicha especie, aunque en los sexenios anteriores se tomaron medidas y se adquirieron equipos para disminuir la presión de pesca en el área de refugio de la vaquita, los resultados no fueron los deseados. Ni se eliminó la captura de totoaba, especie también amenazada y protegida por las leyes mexicanas.

Agrega que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los ha apoyado con 800 mil pesos cada año para monitoreo de la vaquita por medio de una red de receptores acústicos que permiten observar el desplazamiento de la especie. Ese dinero se usa principalmente para pagar a los pescadores que participan en el programa. Pero por las reglas burocráticas en boga, es difícil utilizarlo. “Todo se hace por licitación, hasta la compra de pilas para los equipos. Hacemos malabares para poder realizar nuestras labores”, sostiene el biólogo. Este año los cruceros para buscar la vaquita están enredados en trámites burocráticos.

Y anota que en la zona de tolerancia cero (ZTC), la Armada de México se rehusaba a ir tras las embarcaciones que la invadían, alegando que no valía la pena. Lo que sí hizo fue sumergir alrededor de la ZTC, bloques de concreto con varillas dobladas en forma de gancho para atrapar redes a la deriva. La medida redujo la pesca ilegal.

Y remata el doctor De la Cueva que ningún gobierno ha creado las fuentes alternativas de empleo a la pesca en San Felipe, Baja California; o en el golfo de Santa Clara, Sonora, que viven especialmente de capturar camarón y otros productos del mar. Por ahí debe comenzar tareas la próxima administración si quiere evitar la extinción de la vaquita y la totoaba. Y, además, que el Cites imponga un embargo a la venta de miles de especies mexicanas en el exterior, como sanción por no cuidar debidamente ambas especies.