Ciudad de México. La compra de gas natural a Estados Unidos y su transporte a través de gasoductos se convirtió en un problema para México, más que en una oportunidad, pues aún se pagan penalizaciones por incumplimiento de contratos leoninos, los cuales se multiplicaron con la reforma energética del sexenio pasado, de acuerdo con Fabio Barbosa, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

El comercio del combustible con el vecino país del norte existe desde la época de Porfirio Díaz, aunque su masificación para generar electricidad es más reciente. El volumen de las compras superó la producción de México y alcanzó más de 8 mil millones de pies cúbicos diarios en 2019, explica el académico en el libro Los gasoductos vacíos.

Barbosa documentó que las importaciones de gas natural por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y firmas privadas comenzaron con cifras modestas en el gobierno de Ernesto Zedillo. No obstante, un giro brusco ocurrió en 2015, dos años después de haberse aprobado la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto, pues “la llamada revolución del shale oil and gas (petróleo y gas de esquisto, extraídos mediante fractura hidráulica o fracking) inundó el mercado, desplomó los precios y nuestro país se convirtió en el principal destino de las exportaciones de gas estadunidense”.

Este cambio causó una sobreproducción en Texas, donde se encuentran los principales campos que suministran al territorio mexicano, por lo que se quemaban volúmenes mayores a los autorizados por la reglamentación estadunidense.

La salida obvia ante la sobreproducción era el incremento de las exportaciones hacia México. Pero el problema era quién financiaría el costo de los gasoductos que permitirían masificar los envíos a nuestro país. La solución fue descargar esos costos, o un buen porcentaje de ellos, en el gobierno de México, y el mecanismo elegido fueron los contratos leoninos, señala Barbosa.

De acuerdo con el investigador, se exageró en las compras de gas, convirtiendo una oportunidad en un problema que ocasiona pérdidas cotidianas a México, como las penalizaciones por incumplimiento de los contratos abusivos que aún subsisten.

La Secretaría de Energía (Sener) refirió que hasta mayo de 2022 la CFE estaba sometida a cumplir con el transporte de alrededor de 21 mil millones de pies cúbicos diarios, pero sólo era posible importar cerca de 8 mil 200, por lo que el incumplimiento resultaba en penalizaciones de cerca de 10 mil millones de pesos anuales, monto equivalente al presupuesto de investigación de la UNAM para el mismo año.

El investigador también consignó que Miguel Reyes, director general de CFEnergía, señaló que los contratos leoninos provocan que cada año se eroguen 55 mil millones de pesos para el pago de las penalizaciones de las compañías que detentan esos contratos.

Al inicio de la actual administración la CFE renegoció los contratos de gas y gasoductos, con lo que evitó erogar más dinero, ya que muchos de los ductos no estaban terminados en 2019 o presentaban retrasos en su construcción.

Barbosa considera que en la lucha por el control de la industria eléctrica, algunas corrientes exageran el riesgo de apagones, pregonan la necesidad de seguridad para la inversión extranjera, sin señalar la actuación dolosa y fraudulenta de algunas empresas.

El académico comentó que las importaciones son imprescindibles en la actualidad, pero se debe avanzar en su reducción.

Destacó que los nuevos proyectos de generación de electricidad deben concentrarse en energía solar y eólica, pero respetando el agua y la tierra donde ya se realizan actividades agrícolas, lo que también evitaría el uso del fracking, técnica que desertifica el suelo.