Hace unos días, seguidores de Xóchitl Gálvez acusaban a maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de ser enviados por el Presidente para impedir una concentración política en el Zócalo. Días después, sectores afines a la 4T han señalado a la CNTE como grupo que termina por beneficiar a la derecha. Ambas posiciones coinciden en estar ancladas en una disputa esencialmente electoral, donde todo programa, exigencia y proyecto puede generarse únicamente mediante el filtro partidista.

No obstante, la realidad es distinta. Si observamos con mayor calma, es posible ver cómo la actual irrupción del magisterio democrático en el debate público muestra tres cuestiones importantes para pensar el porvenir de nuestro país: a) el campo popular, sus agendas de cambio y proyectos políticos desbordan o incluso existen y se desarrollan por fuera del sistema de partidos; b) el cumplimiento integral de las promesas electorales del progresismo no se puede lograr con una sociedad desmovilizada y c) el sistema educativo nacional se encuentra en un momento crucial, cuyo rumbo dependerá de la relación entre gobierno y organizaciones magisteriales.

La jornada de movilización docente, iniciada el 15 de mayo, es una respuesta al conjunto de problemas que enfrenta el magisterio nacional, de orden administrativo, laboral y profesional. Éstos se derivan tanto de políticas neoliberales de gobiernos anteriores, como de una ley educativa vigente que, pactada en su momento por Morena y los partidos de la oposición, dejó vivo el régimen de excepción laboral y un conjunto de dispositivos de política que no favorecen su desarrollo profesional y con ello dificultan la consolidación de un sistema educativo más favorable a millones de estudiantes.

Entre otras cosas, la CNTE busca la derogación de la ley de Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), debido a los efectos nocivos que ha tenido sobre su trayectoria docente, un incremento salarial que le permita contrarrestar la precarización laboral del gremio y la abrogación de la ley del Issste de 2007.

Un lugar común en ambos lados de la perspectiva partidista es que las maestras y maestros movilizados anteponen sus requerimientos gremiales a las necesidades educativas del país, olvidando el principio básico de que las condiciones laborales docentes son también las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Aunado a la precarización laboral, comunidades educativas han tenido que enfrentar en su trabajo cotidiano problemas de infraestructura educativa, una cantidad de estudiantes por docente mucho mayor que países de la OCDE, falta de acompañamiento pedagógico, sobrecarga de trabajo, inseguridad, etc.

La mejora paulatina de dichas condiciones se ha logrado históricamente a pulso de organización política y movilización, donde docentes han tenido que luchar no únicamente contra los mecanismos de control sindical y el poder político, sino también con una permanente campaña de desprestigio e información imprecisa, impulsada con ahínco en los gobiernos del PRI y el PAN.

Al parecer, dicha tendencia ha sido recuperada por ciertos cuadros de la 4T desvinculados de la trayectoria de la izquierda social, quienes afirman que la CNTE no tiene motivos para movilizarse, ya que este sexenio ha sido escuchada por el gobierno, en contraste con sexenios pasados, cuando maestras y maestros eran objeto de represión sistemática. Sin embargo, la historia es más compleja. A lo largo de seis años, los acercamientos y reuniones de trabajo entre representantes del gobierno y representantes docentes, no han llevado al cumplimiento íntegro de los acuerdos suscritos, como ha sido ampliamente documentado. Para lo que sí han resultado útiles dichos encuentros, ha sido para construir la percepción pública de que al magisterio se le han resuelto sus necesidades laborales y con ello se ha logrado disminuir la atención social respecto al conjunto de problemas que aún persisten en el sector educativo.

Dado que pese a encuentros, acuerdos y anuncios mediáticos, los problemas estructurales e institucionales señalados han persistido durante años, el magisterio democrático ha optado por la movilización, superando ese anclaje partidista de dos grandes polos en los cuales se busca encuadrar al debate político nacional.

El magisterio entiende bien que las promesas de cambio del progresismo corren el riesgo de ser letra muerta en tanto no se activen movimientos y organizaciones autónomas que impulsen una correlación de fuerzas favorable a los intereses y necesidades de las poblaciones, las comunidades educativas y los estudiantes.

La movilización de la CNTE resulta fundamental en una coyuntura donde, en consonancia con un proyecto global de restauración conservadora, la oposición partidista busca impulsar nuevamente una visión gerencial sobre el sistema educativo nacional, cuyo análisis de la problemática y los resultados educativos son esencialmente didactistas y en los cuales la autonomía del magisterio no tiene lugar. A su vez, pese a cierto cambio de rumbo impulsado por la 4T en torno a la problemática de enseñanza, la plataforma de Morena ha presentado un proyecto educativo en el cual coexisten remanentes del sentido común neoliberal en educación, con elementos de ruptura respecto a dicho orden.

La profundización de un cambio educativo, en clave progresista sólo puede venir de la mano de un diálogo productivo entre gobierno y magisterio. Para lograr dicho diálogo y poder llevar a tierra un proyecto que profundice perspectivas educativas de cambio, constituye un piso mínimo el garantizar condiciones laborales dignas y un esquema de carrera favorable al desarrollo profesional de maestros y maestras.

*Politólogo

@MaurroJarquin