Lima. La presidenta peruana Dina Boluarte dijo el viernes que su gobierno respeta la libertad de expresión luego que, en la mañana, el personal de seguridad gubernamental impidiera que los periodistas se acerquen a la mandataria durante un acto público.

Boluarte dijo por la tarde, en una breve y sorpresiva declaración en el patio del palacio presidencial, que acababa de enterarse “de lo ocurrido en la mañana” y que su gobierno "ya está tomando las acciones pertinentes”. Luego la mandataria se retiró sin responder preguntas que los periodistas le formularon.

Dos gremios de periodistas coinciden con la versión de que el personal de seguridad impidió de salir para realizar una cobertura periodística de un acto en el que participaba la presidenta.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) dijo en un comunicado emitido durante la jornada que miembros del personal de seguridad del gobierno “encerraron en una sala de espera a periodistas de diversos medios de comunicación para impedir que se acerquen” a la mandataria y “así evitar que le hagan preguntas”.

La Asociación Nacional de Periodistas de Perú también se pronunció. En su cuenta de X, antes Twitter, dijo que los camarógrafos y reporteros “fueron encerrados” en una sala y tuvieron que transmitir imágenes en vivo “tras un vidrio, a varios metros de distancia de las autoridades”. Añadió que “los equipos de prensa tuvieron que esperar a que la presidenta se retirara para salir y tomar declaraciones” a otros funcionarios.

Ambas organizaciones rechazaron la práctica que, asegura, restringen el derecho de los ciudadanos a estar informados.

La última ocasión en que Boluarte respondió a la prensa fue el 5 de abril cuando convocó a una conferencia luego de declarar ante la fiscalía por una investigación en su contra surgida por el uso de relojes de lujo marca Rolex y joyas no declarados entre sus bienes, una obligación por ser funcionaria pública.

Boluarte tiene dos denuncias de la fiscalía ante el Parlamento —una por cohecho y otra por homicidio calificado— para que sea enjuiciada al término de su mandato en 2026. Además, la fiscalía la investiga por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad.