Oaxaca, Oax. El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CódigoDH) anunció el cierre temporal de sus oficinas, al norte de la ciudad de Oaxaca, esto luego de que la madrugada de este viernes sus instalaciones fueran allanadas, por segunda ocasión en menos de una semana.

Además, acusaron el abandono tanto del estado, así como de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (Ddhpo).

Sara Méndez y Candelaria Castellanos, ambas integrantes de CódigoDH, y quienes contaron con el respaldo de diversas organizaciones defensores de derechos humanos, denunciaron que tras el allanamiento y robo que sufrieron durante el fin de semana anterior, sus oficinas fueron violentadas una vez más, en esta ocasión se pudo observar acciones violentas pues destruyeron puertas y mobiliario.

Consideraron que esta segunda incursión en sus oficinas tienen un claro mensaje para las 10 personas que integran el equipo de trabajo de CódigoDH, y ese es intimidarlas, reconocieron que luego de estos dos ataques a su “segunda casa”, tienen temor; sin embargo, no se detendrán en las decenas de acompañamientos que realizan en su labor de defensa de los derechos humanos.

Informaron que son muchos los casos que están acompañando actualmente, entre ellos los relacionados con la defensa de la tierra y el territorio, principalmente en el Istmo de Tehuantepec, estos relacionados con el proyecto presidencial del Tren Interoceánico, además que han estado trabajando en apoyo a las víctimas del fallido desalojo de Asunción Nochixtlán, ocurrido el 19 de junio de 2016, en el que fallecieron 8 civiles.

“Esto que estamos viviendo no es un delito del orden común, es un claro hostigamiento para inhibir nuestra acción de defensa, la cual no dejaremos de realizar, aún a distancia, porque no nos van a callar ni a detener", puntualizaron. También acotaron que tras estos dos ataques se sienten vulneradas y al haber dejado de ser un espacio seguro, han decidido su cierre, pues las autoridades no han cumplido con su deber.

Cuestionaron a la fiscalía estatal, pues tras el segundo allanamiento llegó un elemento de esta dependencia a iniciar con la investigación, sin embargo no contaba con el equipo mínimo necesario para su labor, ni siquiera traía consigo una computadora para comenzar a tomar las declaraciones de los trabajadores, mientras que las corporaciones de seguridad únicamente enviaron un rondín que duró solo cinco minutos.

Esto no significa que CódigoDH deje de funcionar, al contrario, señalaron, que reforzarán su labor, pero esto desde otros espacios, aseveró que no van a dejar de señalar a las autoridades y los casos de violaciones a los derechos humanos que se cometan, su trabajo seguirá “no los van a callar, no nos van a detener y vamos a seguir trabajando”.

Lamentaron que tras el primer allanamiento, el actuar de las instituciones ha dejado mucho que desear, tanto por parte del gobierno de Salomón Jara, como de la Fgeo y de la Ddhpo, mismas que no han cumplido con su deber, tanto de proteger, como de investigar y de velar por los derechos de las personas.

Por su parte, Yésica Sánchez Maya de Consorcio para el Diálogo Parlamentario responsabilizó al gobernador del estado, Salomón Jara de estos ataques en contra de CódigoDH, “responsabilizamos a Salomón Jara de la vida y seguridad de las compañeras, me parece muy grave que la señal que están mandando es que no hay garantías para desarrollar la labor (de defensa de derechos humanos)”.