Campeche, Camp. La Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, Marcela Muñoz, acordó ceder a las autoridades federales, la vigilancia del proceso electoral en esta capital, y ordenó a los elementos policíacos estatales mantenerse acuartelados y sólo podrán salir a patrullar los que sean comisionados por oficio.

Lo anterior, como parte del conflicto que Muñoz Martínez enfrenta con los policías sublevados desde el pasado 16 de marzo, luego de un fallido operativo en el penal de San Francisco Kobén en que fueron enviados a controlar un motín sin los equipos de protección adecuados, por lo que unos 34 elementos, entre ellos varias mujeres, salieron severamente lesionados y se puso en riesgo su vida.

A pesar de que la gobernadora Layda Sansores declaró que se han reincorporado al servicio 700 de los aproximadamente mil 200 policías que se sublevaron inicialmente, —cifra que los disidentes desmienten—, la mayoría de las patrullas se encuentran en manos de los sublevados, y son ellos los que han realizado la vigilancia en la ciudad capital. En el resto del Estado, los policías de cada Municipio se encargan de esa labor.

Ante esta situación, la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, publicó hoy en el Periódico Oficial del Estado un acuerdo administrativo en que ordenó que el 2 de junio de este año, en que se celebrará la jornada electoral, “la vigilancia del orden público, así como la prestación del servicio de seguridad pública en el Municipio de Campeche, se encontrará a cargo de las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal”.

“El personal operativo (policías) de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado deberá concentrarse en el domicilio temporal oficial de esta Secretaría, ubicado en la “Academia de Policía”.

“Únicamente el personal operativo que sea comisionado a través del oficio correspondiente, no deberá concentrarse en el domicilio temporal oficial de esta Secretaría”.

Hasta el momento no han respondido a esta orden los alrededor de 600 uniformados que se encuentran en protesta y que mantienen en su poder desde el 16 de marzo las instalaciones de la SPSC. Desde esa fecha han realizado sus labores de vigilancia y patrullaje bajo las órdenes de sus comandantes que también se encuentran en rebeldía.

La Gobernadora Layda Sansores ha firmado un polémico decreto con el que quiere impedir que los policías patrullen durante la jornada electoral. En su lugar, las fuerzas federales serán las encargadas de garantizar la seguridad el día de las votaciones, mientras que los elementos de seguridad pública local deben permanecer resguardados.

Esta decisión ha generado especulaciones y suspicacias sobre las verdaderas intenciones de Layda Sansores, quien podría estar tramando algún tipo de triquiñuela electoral al excluir a la policía local del proceso.

Dicha medida puede ser vista por muchos como un intento de controlar la situación para beneficiar a ciertos intereses políticos.