Ciudad de México. El juzgado de distrito otorgó una suspensión de plano y oficio al fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, para evitar que autoridades lo extraditen a Estados Unidos.

El capo promovió el nuevo juicio de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, luego de que la semana pasada el gobierno mexicano entregó a autoridades del vecino país del norte a Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, jefe de seguridad de Alfredo e Iván Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

En su demanda que promovió el 27 de mayo, Caro Quintero consideró que han sido violados sus derechos constitucionales plasmados en los artículos 1, Artículos 1, 14, 16, 17, 22 y 119 de la Constitución Política mexicana., por ello el titular del Juzgado Octavo, José Fernando García Quiroz le concedió la medida cautelar para salvaguardar sus derechos fundamentales.

“Se decreta de plano la suspensión para el efecto de cese todo acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo; y para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado Federal por cuanto hace a su libertad personal, en el lugar en que se encuentra recluido y para que se abstengan de ejecutar contra el quejoso la petición de extradición, que dice, existe en su contra”, señala el resolutivo del juzgador que se publicó este jueves en estrados judiciales.

El impartidor de justicia agendó la audiencia constitucional para el 26 de junio donde determinará si le concede el amparo.

28 años de cárcel

Caro Quintero, es requerido por Washington para juzgarlo por el asesinato de Enrique Camarena, agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos, en febrero de 1985 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El narcotraficante fue fundador del cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, con quienes comenzó a trabajar desde los años 70.

En 1985 fue detenido en San José de Costa Rica y posteriormente extraditado a México. En 1989, fue sentenciado a 40 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad secuestro, homicidio calificado, siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministro de cocaína y asociación delictuosa.

Sin embargo, luego de cumplir 28 años de cárcel, en agosto de 2013 un tribunal de Guadalajara ordenó su liberación inmediata, porque consideró que el homicidio del agente de Estados Unidos, debió ser juzgado en el fuero común y no en el federal. El 15 de julio de 2022 fue detenido de nuevo en Guachochi, Sinaloa.