Ciudad de México. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, del primero de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023, se documentaron 92 ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos, en represalia por su labor, que fueron perpetrados por “agentes del Estado de los tres niveles, ya sea directamente o por aquiescencia, es decir, cuando se autoriza a particulares a actuar en su nombre”, aseguró la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT).

En un balance sexenal sobre derechos humanos, indicó que a pesar de que la incidencia de estas prácticas disminuyó casi en un 50 por ciento en comparación con el gobierno de Enrique Peña Nieto, continúan siendo “una táctica utilizada para inhibir y desmantelar la lucha social y la defensa” de las garantías fundamentales.

Detalló que la mayoría de las víctimas estaban involucradas en la defensa de la tierra y el territorio, el medio ambiente y la autodeterminación de los pueblos indígenas. De los 92 casos, 76 eran hombres y 12 mujeres y sobre todo ocurrieron en Oaxaca y Chiapas, agregó.

La Red TDT, conformada por 87 organizaciones de 23 estados del país, destacó también que según datos recabados, en la actual administración 44 periodistas han sido asesinados, mientras que en el sexenio anterior fueron 47.

Apuntó que en estos años de gobierno de López Obrador la violencia y los homicidios cometidos por particulares no cesan y se tiene una mayor presencia de diversos grupos del crimen organizado. La violencia en Chiapas es un ejemplo “de la situación que aqueja a todo el país, con delitos que incluyen privaciones de la libertad, homicidios, secuestros, ‘encobijados’, enfrentamientos, incendios de vehículos, masacres, desapariciones cometidas por particulares, retenes de criminales, lo que ha generado temor en las comunidades”.

Igualmente se refirió a la “militarización”, ya que “a nivel federal, el 83 por ciento de los convenios entre las fuerzas armadas y otras instituciones federales no están relacionados con la seguridad pública, sino que abarcan áreas como la protección del ambiente, la política social, la salud y las obras públicas”.

En cuanto a las desapariciones forzadas, la Red TDT señaló que ello ha sido “una grave problemática”. Refirió que según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) del 31 de diciembre de 1952 al 21 de mayo del 2024, se tenía el reporte de 114 mil 60 personas desaparecidas. Sin embargo, dijo que existe una discrepancia con las reportadas por colectivos de familiares, que “han denunciado un subregistro de casos desde el 14 de diciembre de 2023”, cuando se dio a conocer los resultados de la revisión del registro nacional.

“Decenas de miles de víctimas de desaparición forzada y por particulares fueron clasificadas en categorías que resultaron confusas para sus familiares, señalando que más de 260 registros están mal clasificados: desde hijos de mujeres que lideran colectivos de búsqueda y que durante años han exigido justicia, hasta casos de desaparición ocurridos en la ‘guerra sucia’ y víctimas que cuentan con resoluciones de organismos internacionales de las Naciones Unidas”, expuso.

En el documento presentado esta tarde, también la Red TDT se refirió a la libertad de expresión y derecho a la protesta. Señaló que si bien no se han registrado restricciones significativas en comparación con sexenios anteriores, sí se han documentado casos en los que se ha limitado este derecho e incluso ha habido represión a manifestantes y activistas que se oponen a la política del gobierno.

“Se han mantenido las campañas de difamación, las cuales han sido denunciadas por diversas organizaciones”, indicó.

En este sentido, recordó que el presidente López Obrador ha señalado a varias organizaciones defensoras de derechos humanos en diferentes ocasiones, “acusándolos de manipular la investigación, dar datos ‘erróneos’ sobre la justicia en México”.

Se refirió también a las afectaciones que han ocasionado los megaproyectos, la persistencia de la violencia de género, la movilidad humana, la falta de compromisos cumplidos, como dar a conocer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014.

Igualmente, resaltó que en este sexenio el desempeño de varias instancias de gobierno ha sido objeto de crítica, entre ellas la CNB, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.