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Establece FISEL acciones de "blindaje" electoral

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Personal de la FISEL a verificar que al interior y exterior de los edificios de gobierno no haya propaganda partidista. Foto FISEL
30 de mayo de 2024 17:59

Ciudad de México. La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL, antes Fepade), puso en marcha acciones de "blindaje" electoral para evitar que los servidores públicos utilicen recursos, inmuebles y vehículos oficiales con fines proselitistas antes y durante la jornada electoral de este 2 de junio.

El titular de esta fiscalía, José Agustín Ortiz Pinchetti, llevó a cabo una revisión del "blindaje" que durará hasta el próximo 3 de junio, y que abarcará las oficinas de las secretarías de Estado, órganos desconcentrados y paraestatales.

Entre las acciones que se pusieron en marcha, el personal de FISEL deberá "verificar que al interior y exterior de los edificios de gobierno no haya propaganda partidista y que los espacios no sean utilizados como puntos de reunión ciudadana con fines políticos-electorales".

En ese contexto, Ortiz Pinchetti mencionó "que los servidores públicos que permitan o usen los recursos y bienes del Estado para favorecer alguna opción política, cometen un delito electoral, por lo que podrían ser sancionados con hasta nueve años de prisión, multas de hasta 400 días y destitución e inhabilitación de dos a seis años para ejercer cargos públicos".

Estas acciones se completaron con cursos de capacitación, distribución de materiales alusivos al blindaje electoral, además de mensajes en los recibos de pago de los servidores públicos para que, en caso de detectar un delito electoral, lo denuncien en los Sistemas de Atención de denominados FISENET.

Entre los cursos dirigidos a los funcionarios, se destaca el de “Prevención de delitos electorales y responsabilidades administrativas”, y de septiembre de 2023 a abril de este año se capacitó a 154 mil 119 servidores públicos pertenecientes a diversas entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal.

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Sin embargo, el juez Ciro Carrera negó la suspensión provisional, pues argumentó que de conceder la medida "podría verse afectado el bienestar del orden social".
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