Madrid. En uno de los debates más ásperos de los últimos años, en el que se intercambiaron insultos y acusaciones como “traidor”, “filonazi”, “neofascista” o “cobarde”, el Parlamento español aprobó finalmente la ley general de amnistía, con la que se absolverá de las imputaciones en curso en diversos tribunales a los líderes independentistas catalanes que impulsaron la declaración fallida de secesión de octubre del 2017. Con esta aprobación, la norma supera su fase legislativa, con lo que ahora, para su entrada en vigor, sólo tiene que publicarse en el Boletín Oficial de las Cortes y en el Boletín Oficial del Estado. Una vez reflejada la norma en estos registros públicos, el ex presidente catalán Carles Puigdemont podrá volver a Cataluña casi siete años después de que decidiera trasladarse a vivir a Bruselas para evitar ser juzgado por los tribunales españoles.
La ley se aprobó por los 177 votos a favor de los diputados de Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JxCat), EH-Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Podemos y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). En contra votaron 172, del Partido Popular (PP), Vox, Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN). La nueva norma superó así su último trámite parlamentaria, después de que pasara por el Senado, donde fue rechazada y vetada por la mayoría absoluta del PP, lo que no impidió que finalmente fue aprobada de forma definitiva por el Congreso.
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, cumple así con lo pactado con las fuerzas independentistas catalanas, sobre todo con JxCat, con la que pactó aprobar esta legislación que borrará las imputaciones y los delitos a los independentistas catalanes desde el 2011 hasta la fecha, a cambio de que los siete diputados de los nacionalistas catalanas apoyaran su investidura, como así hicieron y con los que Sánchez logró la reelección en el cargo. A pesar de la enorme trascendencia del debate, el presidente Sánchez se ausentó del hemiciclo durante los discursos de las diferentes fuerzas parlamentarias y sólo acudió al final, para sumarse a la votación. Por parte del PSOE habló un diputado poco conocido, Artemi Rallo, y que hasta ahora no había tenido ninguna intervención en la tramitación de la ley,
El líder de la oposición y del PP, que es el grupo mayoritario de la Cámara, Alberto Núñez Feijóo, tildó la nueva ley como un “acto de corrupción” con el que “intercambia poder a cambio de impunidad y privilegios, pero hay una realidad que no cambia: ustedes han mentido a los españoles porque prometieron no hacer esto. Este trueque tiene un nombre: corrupción política y cambalache”.
En medio de los gritos y los insultos a varias bandas, subió a la tribuna el diputado socialista Rallo, quien tras acusado de “traidor” y “corrupto” por los parlamentarios de Vox, éste les respondió con gritos de “neofascistas” y “filonazis”. Y en cuanto a la ley, aseguró que es una legislación “bendecida por Europa y por el sí de los catalanes y los españoles”
La vocera de JxCat, Miriam Nogueras, se congratuló de la aprobación y resumió de alguna manera el sentir de los grupos parlamentarios que la apoyaron, sobre todo los independentistas catalanes y vascos: “Hoy no se perdona, hoy se gana. Esta ley no es perdón ni clemencia, es victoria, una victoria democrática. Nunca habríamos llegado a este extremo si el Estado español hubiera hecho una transición democrática real especialmente en las cúpulas judiciales y si el PP y el PSOE no hubieran participado en la represión... Después de hoy, la lucha continúa y estamos preparados para vencer. Hoy se aprueba una ley de amnistía porque nosotros la hemos forzado. Y avanzaremos en el objetivo de la libertad definitiva. Hoy tenemos más claro que nunca que la independencia no depende de ustedes sino del pueblo de Cataluña”.
El presidente en funciones de Cataluña, Pere Aragonès, de ERC, señaló en un mensaje institucional que “la amnistía sola no resuelve el conflicto de soberanía con el Estado”, si bien, apuntó que “esta es una oportunidad que se abre, ya que esa amnistía que parecía imposible es una victoria de país, que nos muestra que la ciudadanía de Cataluña puede conseguir todo lo que se plantee”.
En la contraparte política, hasta ocho comunidades autónomas gobernadas por la derecha, ya sea con un gobierno en solitario del PP o con una coalición con Vox, anunciaron que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional por la supuesta ruptura de la igualdad entre los ciudadanos. Así lo harán Cantabria, Baleares, Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Madrid.
Por último, los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio contra los líderes del proceso separatista catalán le informaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que consideran que la ley de amnistía a no es aplicable al delito de malversación por el que condenaron a cuatro de los 12 líderes independentistas a los que juzgó en la causa del procés, entre ellos Oriol Junqueras, y que el tribunal atribuye también a Carles Puigdemont. Según los fiscales, el desvío de fondos que se consideró probado en la sentencia del Supremo no encaja con las excepciones que la ley establece para los delitos de malversación, por lo que las condenas por estos delitos no pueden eliminarse con la amnistía.
