Claudia Sheinbaum en el tercer debate presentó su propuesta sobre el fenómeno migratorio y señaló, entre otras cosas, la importancia de ir a las causas de la migración, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Es la estrategia para que las personas no se vean forzadas a migrar ante la falta de condiciones dignas de sobrevivencia y permitiría convertir el movimiento migratorio en una opción.

Con lo cual se reduce drásticamente la vulnerabilidad de esas personas que, al enfrentar cierres fronterizos por las políticas de seguridad de los posibles países receptores, se convierten en presa fácil de los traficantes de personas que ponen en riesgo el destino de los migrantes por sus nexos con el crimen organizado. Importante recordar que al iniciar la administración de Andrés Manuel López Obrador se planteaba la no criminalización de la migración, respeto a sus derechos humanos, visas humanitarias, iniciar los procesos de asilo, visas de trabajo y permitir el tránsito de los migrantes por el país.

Sin embargo, las amenazas de Donald Trump obligaron a repensar esa política migratoria a partir de la cual, si bien se han duplicado la tasa positiva de solicitudes de refugio, de visas humanitarias y visas de trabajo, los flujos migratorios siguen enfrentando una grave realidad, el taponamiento fronterizo cuyas próximas elecciones en el vecino del norte no augura buenas noticias para los migrantes.

Ante la pregunta de la moderadora sobre qué pensaba acerca del Instituto Nacional de Migración, la respuesta fue escueta y sólo mencionó que habría que reformarlo; sin embargo, lo que es cierto es que habría que hacer mucho más. Se trata de un órgano administrativo desconcentrado que depende de la Secretaría de Gobernación y desde su creación, el 19 de octubre de 1993, ha recibido múltiples acusaciones de corrupción.

Llama la atención que la mayoría de sus titulares han sido personas relacionadas con el antiguo Cisen. El actual, Francisco Garduño, es experto en prisiones, y no puede olvidarse que fue justamente en su mandato cuando se produjo la terrible tragedia de la muerte de 40 migrantes en el centro de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se trata de una institución que no parece tener arreglo sólo reformándola. En primer lugar por su perfil policiaco, porque al frente se exige no sólo un experto en temas de migración, sino sobre todo experto en derechos humanos. Esta carencia explica las graves acusaciones de racismo, precisamente por la forma en que los inspectores realizan las llamadas “revisiones aleatorias” y confunden a los ciudadanos por su fenotipo, considerado por activistas de derechos humanos como ofensivas para la dignidad humana al clasificar a los ciudadanos por su color de piel.

Por otro lado, se menciona con mucha frecuencia que está infiltrado por la delincuencia organizada.

Hay que construir otro instituto que albergue a personal cuyas condiciones profesionales, honestidad y experiencia en derechos humanos hagan posible la erradicación de abusos y corrupción a la que muy fácilmente pueden estar sujetos los extranjeros ante los trámites siempre inquietantes por los que forzosamente tienen que pasar.

Al mismo tiempo habría que reconsiderar el posicionamiento y número de la Guardia Nacional para preservar la frontera en tan delicada labor. Requiere que sus miembros interioricen conceptos en el sentido de que los migrantes no son una amenaza para la seguridad nacional y que sus acciones deben enmarcarse en la aplicación irrestricta del enfoque garantista de los derechos humanos.

Es fundamental seguir reforzando la propuesta que trascienda la política de contención de los flujos desde la perspectiva estatal, centrada en la soberanía y la seguridad nacional (como sucede en Estados Unidos). Desplegar con sensibilidad, con eficiencia y convicción de que nadie en esa institución puede criminalizar a los migrantes quienes tienen el derecho de recibir los beneficios de la Ley sobre Refugiados que señala claramente “el derecho de cualquier persona a solicitar asilo y la condición de refugiado, que garantice la integridad y el respeto de los derechos humanos de los migrantes”.

Diseñar una política migratoria es una de las más difíciles y complicadas acciones de gobierno, sobre todo para un país que es emisor, receptor, de tránsito, retorno y refugio, formas todas ellas que se suceden en el mismo territorio. Pero que, además, es vecino de la potencia mundial con una frontera de 3 mil kilómetros, considerada un imán para los migrantes del mundo, lo que convierte a México en puente geopolítico inevitable entre ese país y el resto del mundo.