La entrega de esa franja del litoral mexicano a Vulcan condensa la historia de casi cuatro décadas de expolio neoliberal en México. Como punto de partida, es inexplicable que la administración delamadridista haya puesto como condición para autorizar el control portuario a la multinacional que adquiriese los terrenos en los que llevaría a cabo la extracción de materiales pétreos, pues la Constitución prohíbe de manera expresa el dominio directo sobre tierras y aguas por parte de extranjeros en una faja de 50 kilómetros desde las playas. Los permisos otorgados en el sexenio de De la Madrid, encargado de inaugurar el modelo neoliberal en México, todavía consideraban algunas salvaguardas de la soberanía y los intereses nacionales: por ejemplo, establecía que el Estado en cualquier momento podrá declarar sin efectos la concesión cuando así lo exija el interés público, además de fijar una vigencia de 20 años a la licencia, al término de la cual las obras e instalaciones realizadas por la concesionaria pasarán al dominio marítimo de la nación, libres de gravámenes y limitaciones.

Estos límites a la voracidad corporativa fueron eliminados por Carlos Salinas de Gortari, quien privó al país del uso de ese puerto que por ley pasaría a pertenecerle, prorrogó la concesión por 30 años (los cuales vencen este 2024) y borró la posibilidad de que el interés público se sobreponga al lucro privado. Las decisiones tomadas por estos priístas convirtieron una extensión de selva de enorme valor turístico, ecológico y estratégico en un agujero de donde se extraen minerales que ni siquiera son aprovechados en México, sino que se envían directamente a Estados Unidos. Además de causar daños ambientales y culturales por la destrucción de una zona arqueológica, Vulcan saboteó el desarrollo nacional al impedir que el embarcadero que controla sirviera para la importación del balastro empleado en la construcción del Tren Maya, acción que provocó sobrecostos a la hacienda pública y, por ende, a todos los mexicanos.

Si estos estropicios no fueran suficientes, el entreguismo neoliberal también abrió la puerta al injerencismo de Washington, donde los legisladores presionan a la Casa Blanca para que imponga sanciones comerciales a México por sus intentos de frenar el ecocidio y el despojo de Vulcan Materials. Actualmente se encuentra en curso un arbitraje bajo las normativas del T-MEC que, de resultar adverso, obligaría a pagar 500 millones de dólares de indemnización a una empresa que, bajo cualquier reglamento apegado a justicia, debería resarcir a México por tantos años de extraer sus riquezas a cambio de contraprestaciones absurdas y con nula responsabilidad ambiental.

Más allá del desenlace del arbitraje, el caso de Calica ilustra de qué manera las políticas neoliberales lesionan al país décadas después de haber sido aplicadas y por qué sería catastrófica una regresión a este modelo de enriquecimiento privado con bienes públicos.