Madrid. Iberdrola sufrió a principios de este mes un ciberataque que afectó los datos de más de 600 mil clientes de la eléctrica en España.

La energética detectó el pasado 7 de mayo un acceso no autorizado a las bases de datos de clientes ocasionado a través de un proveedor, informaron a Europa Press fuentes de la compañía.

Iberdrola indicó que dio cuenta del hecho “de forma inmediata” ante la Agencia de Protección y Datos y que interpuso la denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo envió una comunicación a los clientes afectados.

Según adelantó Invertia-El Español, el incidente, que fue subsanado de forma inmediata, involucró los siguientes datos: nombre, apellidos, número de DNI y datos de contacto. No obstante, no se vieron comprometidos datos bancarios.

La energética afirmó que, ante la ola de ‘hackeos’ sin precedentes que han afectado a importantes empresas y entidades públicas y privadas en los últimos tiempos, “trabaja de forma continua para combatir estos ciberataques actuando siempre con total transparencia y colaborando con los organismos reguladores y supervisores”.

La ciberseguridad es “una prioridad” para la compañía, “tal y como se demuestra la continua y creciente dotación de recursos humanos y económicos”, añadió.

“En los últimos años la inversión se ha visto robustecida con una financiación que se ha incrementado notablemente”, indicó, subrayando que cuentan con más de 400 profesionales en todo el mundo dedicados a ciberseguridad y que han efectuado “una gran inversión en procesos y sistemas avanzados, con el propósito de proteger nuestras infraestructuras, sistemas de información y los datos nuestros clientes”.

Este martes se conoció que Telefónica estaba “investigando la legitimidad de la información” que un usuario y potencial ciberdelincuente publicó en un foro de hackers en internet en el que afirma haber conseguido los datos de 120 mil usuarios y empleados de la compañía española, los cuales puso a la venta.

Asimismo, hace unas semanas, Santander informó de un “acceso no autorizado” a una base de datos de la entidad financiera alojada en un proveedor que afectó a clientes de España, Chile y Uruguay, así como a todos los empleados y a algunos ex empleados del grupo.