Chihuahua, Chih. Un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación resolvió por unanimidad tres amparos con los cuales la Secretaría de Salud del estado de Chihuahua estará obligada a informar y ofrecer servicios de aborto en hospitales públicos, para mujeres que estén hasta en la doceava semana de gestación.

La administración estatal de la gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, ha insistido en penalizar la interrupción del embarazo, y los hospitales dependientes del gobierno del estado no cumplen con las normas oficiales NOM-046-SSA2-2005 y NOM-047-SSA2-2015, relacionadas a criterios para atender la violencia sexual contra las mujeres y a lineamientos técnicos para la atención del aborto seguro, denunció la colectiva Marea Verde Chihuahua.

En un comunicado, las feministas celebraron que “el aborto voluntario ya es un derecho en Chihuahua pero sabemos que habrá resistencias por parte del Estado; estaremos aquí para seguir acompañando a las mujeres que deseen abortar, ahora en hospitales públicos, y que este derecho sea respetado, porque ningún Código Penal está por encima de la Constitución. Aún queda camino por recorrer”.

“Las sentencias del Tribunal Colegiado marcan un precedente importante no solo para Chihuahua, sino para todo el país, al ser las primeras resoluciones en su tipo que refuerzan la obligación que ya tienen todas las autoridades de salud: ofrecer atención medica de aborto voluntario en los estados, aún en los estados donde los Congresos locales no han eliminado el aborto voluntario del Código Penal local”.

Explicaron que “estas sentencias derivaron de la estrategia de amparos colectivos que organizaciones como Marea Verde Chihuahua, Red de Aborto Seguro Chihuahua, Cheros, Morrxs Autonomxs y Abortistas Mx iniciaron en el año 2021, y en la cual han participado 373 personas de varios municipios del estado de Chihuahua”.

“El Tribunal Colegiado reconoció que las autoridades de Chihuahua están violando los derechos reproductivos de las mujeres al negarse a proporcionar servicios de aborto voluntario en sus hospitales y clínicas, esta negativa de acceso es una violación al artículo cuarto constitucional, el cual protege el derecho humano a decidir, tal y como los afirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de acción de inconstitucionalidad 148/2017 relacionada al estado de Coahuila”.