Hoy se discuten dos proyectos de nación. En materia energética la diferencia no puede ser más clara. La participación del Estado en el sector y el rol que juega la energía en la vida de las personas. El proyecto energético de la oposición, ese del pasado que insiste en regresar, es un proyecto privatizador, uno que ve al sector energético únicamente como un generador de ganancias privadas. Entienden la energía como una mercancía más y su acceso como un privilegio. La labor del Estado y sus funcionarios, en el mejor de los casos, la reducen únicamente a ser facilitadores de las ganancias privadas a través de la transferencia de recursos públicos a los privados. En el peor, los funcionarios de ese viejo modelo usan el Estado y sus instituciones como herramientas para crearse un poder económico desde el poder político. Utilizan sus puestos para crear y fortalecer empresas privadas que posteriormente, dirigirán (puertas giratorias).
En el otro modelo, el que ahora encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), entendemos la energía como una precondición para una vida diga, potenciadora de la calidad de vida de las personas, pero también como habilitador de inversiones, de crecimiento y de desarrollo económico. La energía no es sólo una mercancía, es entre otras cosas, un habilitador de derechos. El rol del Estado y de sus funcionarios, además de garantizar derechos, es innovar, planear, incentivar y detonar el potencial multiplicador económico del sector para que se traduzca en prosperidad para todos. Por eso el Estado debe tener participación activa dentro del sector, no únicamente como un regulador, si no con propiedad que permite aplicar políticas como el paquete social que presentó CSP, de manera eficiente.
El sector energético es la base de la economía y del bienestar; sujetarlo únicamente a la lógica de maximización del lucro privado inhibe de manera significativa el crecimiento económico. Esto ocurre con todos aquellos sectores que tienen “monopolios naturales”, sin presencia fuerte del Estado se vuelven sectores rentistas. La planeación, como la que propone CSP en su plan de nación, es esencial para garantizar que esos sectores se vuelvan multiplicadores económicos. La expansión de los sistemas energéticos, por ejemplo, debe hacerse de manera ordenada, con el criterio de expansión de menor costo posible en mente. De lo contrario, el desorden, además de generar incertidumbre, puede llevar a inversiones duplicadas, de bajo valor para el sistema y muchos activos con baja utilización o de plano activos varados.
En México, durante el periodo neoliberal, el Estado absorbió todos los riesgos, la incertidumbre, y facilitaba el acceso a capital a través de otorgar garantía soberana de pago a los proyectos de la IP por medio de contratos de muy largo plazo (25 años) con las empresas estatales (ninguna empresa privada garantiza contratos de esa duración). Al mismo tiempo, los funcionarios en dichos sexenios, debilitaban a las empresas estatales mexicanas. Algo irónico, si se considera que muchas de las empresas que llegaron a México, eran las empresas estatales de otros países. Ese es el modelo neoliberal en esencia. Debilitar y destruir las capacidades del Estado. Eso es lo que no debe regresar. El Estado debe retomar el impulso que tuvo para desarrollar el país, afrontar los riesgos y llevar a cabo los grandes proyectos que permitieron sentar las bases para el crecimiento económico y para un bienestar de la población, o como bien dice Mariana Mazzucatto, debe regresar el Estado emprendedor. Parece algo normal, pero el Sistema eléctrico Interconectado que tiene México (desde Sonora hasta Quintana Roo), es una maravilla técnica, y económica, que fue posible únicamente porque el Estado, mandató hacerlo y lo pudo implementar a través de una herramienta de política pública como lo fue la empresa estatal eléctrica. De esas inversiones y de ese impulso emprendedor, nos beneficiamos todos.
Hay quienes interpretan el decir que la IP opera bajo la premisa de “maximizar ganancias” como “estar en contra de las inversiones privadas”. Eso, es una consigna de muy bajo nivel que debe desmentirse. Todos los directivos de la IP se encuentran legalmente obligados a velar por los intereses de sus accionistas y a maximizar utilidades. Se llama “responsabilidad fiduciaria”. El problema ocurre cuando, como en el neoliberalismo, los funcionarios de gobierno piensan que únicamente deben velar por los intereses de la IP (IIP). El Estado y sus funcionarios deben velar por el interés general (IG). Si el IG y el IIP se cruzan, excelente; si se contraponen, deberían privilegiar el IG. El Estado, cuando cuenta con una participación mayoritaria (como 54-46 por ciento que propone CSP), tiene las herramientas para garantizar que el sector genere las mejores condiciones para todos y así, la IP, puede complementar las inversiones públicas, cumpliendo con su deber fiduciario, bajo la rectoría del Estado. El más beneficiado de todo esto es el ciudadano.
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