La Jornada (Gustavo Castillo) lo detalla así: “el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han recibido de parte de instituciones del Ejecutivo federal y de la Fiscalía General de la República (FGR) 61 denuncias que señalan a 50 jueces, 30 magistrados y dos ministros de haber incurrido en irregularidades en resoluciones que benefician a traficantes de drogas, armas, lavadores de dinero y extorsionadores, refieren documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF)… todas fueron recibidas del 26 de enero de 2023 al pasado 6 de mayo, se encuentran pendientes de resolver y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, órgano de la Judicatura encargado de indagar, no ha desahogado las quejas presentadas: nueve por la FGR, 42 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), una por la Procuraduría Fiscal, una por la Secretaría de Energía y siete por la Consejería Jurídica del Ejecutivo”.

Transcurrido un año y medio, esas denuncias permanecen en el limbo por los propios impartidores de justicia, es decir, lo contrario al compromiso de la ministra Norma Piña (acceso a una impartición de justicia, pronta, expedita e imparcial y desechar inoperancias e improcedencias sistemáticas y artificiales que tienden a denegar el acceso a la justicia de las personas) al asumir la presidencia de la SCJN y del CJF el 2 de enero de 2023 (qué coincidencia: dichas denuncias permanecen en la congeladora desde el 26 de enero de ese mismo año), aunque en los hechos ni una ni otra, porque crece el rezago de expedientes, al tiempo que se fortalece la impunidad para los integrantes del PJF.

Ochenta y dos integrantes de alto rango en el Poder Judicial pueden estar tranquilos, pues una cosa es el discurso y otra los hechos. Por ejemplo, la ministra Piña asegura que “la columna vertebral en la ejecución de mis funciones como presidenta será la independencia judicial (saludos, Alito y Creel), interna y externa, replanteada como un medio indispensable para garantizar una adecuada impartición de justicia”. ¡Claro!, como en el caso de sus colegas denunciados.

La Jornada (Gustavo Castillo) detalla: entre los impartidores de justicia contra quienes se interpusieron las quejas están el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, y los ministros Luis María Aguilar Morales (dos procedimientos), por el caso Elektra (Ricardo Salinas Pliego y sus impuestos no pagados) y tener conflicto de intereses al resolver asuntos relacionados con la reforma eléctrica, y Alberto Pérez Dayán, también por la Ley Eléctrica.

También, contra el juez Gregorio Salazar Hernández, por incurrir en anomalías jurídicas al absolver a Mario Alberto N, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del cártel del Golfo; juez Daniel Ramírez Peña, por exculpar a la líderesa del cártel de Cancún; jueza Yolanda Cecilia Chávez, por absolver a Ramón Ángel N, del cártel Jalisco Nueva Generación; jueces y magistrados por liberar o negar órdenes de capturar a miembros del CJNG; Rogelio León Díaz, por dictar la no vinculación a proceso para Abraham Oseguera, Don Rodo, hermano de Nemesio, líder de esa organización delictiva”.

Y muchos más que permanecen impunes (por cortesía de Norma Piña) y se dedican a proteger al crimen organizado, delincuentes de cuello blanco, evasores fiscales, huachicoleros, extorsionadores, pederastas, narcotraficantes y homicidas, entre otros tantos. Entonces, ¿en manos de quién está la impartición de justicia?

Las rebanadas del pastel

Eso sí, Norma Piña y sus guajiros se movieron a la velocidad de la luz para proteger sus fideicomisos (extinguidos por el Poder Legislativo), los cuales, hasta marzo, aumentaron sus haberes en más 2 mil 350 millones de pesos hasta redondear 23 mil millones.

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