Diversas organizaciones y defensores solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir a la brevedad su informe de fondo sobre la ejecución extrajudicial de Arturo Hernández Cardona, ex líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ). Al cumplirse 11 años de los hechos perpetrados en Iguala, Guerrero, también pidieron que el caso sea trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El obispo emérito Raúl Vera, fray Julián Cruzalta Aguirre, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Pueblo Indígena Me'phaa, entre otras, igualmente conminaron al Estado mexicano a ampliar las medidas cautelares de protección a la viuda de Hernández Cardona, Carolina Mena Marchan y a las dos hijas que no cuentan con ellas, Carolina y Reina, quienes tuvieron que salir de Iguala para resguardar su vida.
En un pronunciamiento, recordaron que el ex líder de la UPEZ y de la coordinación de organizaciones llamada “Unidad Popular” enfrentó en su momento al entonces presidente municipal de Ayutla, José Luis Abarca, hoy preso, a quién junto con otros activistas denunció penalmente por amenazas de muerte el 29 de mayo de 2013.
Un día después, el 30 de mayo, Hernández Cardona desapareció junto con Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa y Rafael Bandera Román, en un paraje en el kilómetro 170 de la carretera federal Iguala-Chilpancingo.
El 3 de junio de 2013 fueron encontrados los cuerpos de tres de los desaparecidos, entre ellos el de Hernández Cardona, quien estaba con “los ojos vendados y claras señales de tortura”.
La representación legal de la familia, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, refirió que por estos hechos solicitó medidas cautelares a la CIDH en junio de 2013 para la familia de Arturo y el activista social testigo de la ejecución de Arturo, por amenazas de muerte, y fueron otorgadas en diciembre de 2014.
