El tema de la presencia de miles de personas en situación migratoria irregular en las calles de la capital tiene múltiples aristas que le confieren una enorme complejidad. El primer elemento a tomar en cuenta es el crecimiento exponencial de la llegada de extranjeros y las peticiones de refugio: mientras en 2013 se recibieron menos de mil 300 solicitudes de protección, en 2021 fueron 130 mil y de enero a noviembre de 2023 alcanzaron un récord de 136 mil. Con estos números, México se convirtió en el tercer país del mundo que recibe más solicitudes de refugio, detrás de Estados Unidos y Alemania, pero con una diferencia abismal con respecto a los recursos de los que disponen esas naciones. Además, se presenta una desemejanza sociodemográfica de gran calado: mientras la superpotencia y la mayor economía de Europa padecen un déficit crónico de mano de obra debido a sus menguantes tasas de fecundidad y al envejecimiento poblacional, México tiene todavía una importante reserva de juventud y su principal desafío no es incrementar la cantidad de trabajadores, sino mejorar los ingresos y la calidad de vida de quienes componen la mano de obra.

De este modo, el flujo de migrantes ha desbordado por completo las capacidades institucionales para atenderlos y proporcionarles los documentos pertinentes con el propósito de que puedan residir o trabajar en territorio mexicano; o bien, continuar su periplo hacia Estados Unidos. Asimismo, sobrepasa la aptitud de los empleadores para abrirles fuentes de empleo. Como los propios migrantes denuncian, cuando se les llega a dar la oportunidad de laborar, suele ser en condiciones abusivas y en clara desventaja frente a los locales. Otros retos se hallan en la diversidad de orígenes, capacitación y objetivos de los viajeros: aunque el grueso de ellos proviene de Haití y, en menor medida, Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba, son 119 las nacionalidades representadas entre los solicitantes de refugio. También son diversos en cuanto a su preparación académica y profesional, así como en sus intenciones migratorias: mientras algunos manifiestan su deseo de permanecer en México y reconstruir aquí sus vidas, otros son claros en cuanto a que únicamente buscan los medios para alcanzar el sueño americano. En este segundo caso, las autoridades poco pueden ayudarles: jurídicamente, el refugio es una salvaguarda para quienes requieren protección y se comprometen a habitar en el Estado que lo otorga, e, incluso si les facilitaran el tránsito hacia el norte, no pueden modificar las políticas agresivamente antimigrantes de Washington y de varias entidades estadunidenses fronterizas.

Un último elemento a considerar son las expresiones abierta o veladamente xenófobas y racistas de quienes rechazan la presencia de migrantes en sus colonias. Sin desestimar los problemas que se generan cuando cientos de personas pernoctan en un área sin las instalaciones sanitarias adecuadas, el reclamo de que los campamentos migrantes vulneran la dignidad y los derechos humanos de los vecinos resulta inadmisible en una sociedad democrática.

En suma, el asunto plantea dificultades innegables; sin embargo, ello no puede usarse como pretexto para eludir la atención humanitaria de la población migrante ni mucho menos para dar rienda suelta a exabruptos discriminatorios.