Como continuidad con cambio los 10 Puntos para la República Sana, presentados por el doctor David Kershenobich (25/3/24), confirman la fragilidad y complemento poco robusto del llamado segundo piso de la 4T de los previos Siete Pasos del Proyecto preliminar de pasos para la transformación de Claudia Sheinbaum en su discurso de inicio de campaña (1/3/24).
Ni los pasos ni los puntos entran a la médula del actual desafío sanitario. Los puntos están organizados, además, con cierto descuido, poca coherencia entre sí y armando una deshilvanada ensalada sectorial no priorizada. Será precisa mucha labor técnica de trabajo en territorrio para imprimirles la debida coherencia que merece un proyecto preliminar para la transformación. Aun así, dibujan una primera agenda sectorial preliminar (por ordenar, definir y concretar) contrastando con las descalificaciones –sin análisis alguno– de las plataformas partidarias opositoras.
La política de la administración 2024- 2030 enfrenta seis grandes desafíos: activar efectivamente atención primaria de la salud, no sólo dilatar programas preventivos tradicionales, prevenir en el primer nivel de atención o crear comités de salud desde arriba, sino mejorar sustancialmente servicios clínicos (humanismo, tiempos de espera, calidad de atención, abasto), seguir atendiendo el muy delicado capítulo laboral de la federalización y los profesionales sanitarios del régimen ordinario IMSS/Issste, diseñar estrategias coherentes de cuidados frente al envejecimiento (sólidamente financiadas), consolidar avances del IMSS-Bienestar, que exige un adecuado modelo de atención semiurbano/urbano/rural, y diseñar una recta complementariedad con los privados. Entrar a la médula de este desafío es el reto.
El punto 1 (gobernanza del sistema de salud) nunca aclara la naturaleza y alcance “normativo-regulatorio” de Ssa y del Consejo de Salubridad General, sobre todo frente al poder sectorial que ha ganado la improvisación de Zoe Robledo en OPD-IMSS-Bienestar (federalización), armada en torno a gratuidad (punto 4), basificación, acciones rehabilitatorias/ equipamiento de infraestuctura y atención médica con “prevención” en primer nivel atención para la población sin seguridad social, mientras el IMSS ordinario “continuará” atendiendo la población con seguridad social.
Al análisis previo de los puntos uno a cinco (La Jornada,11/5/24) debe agregarse que, en abstracto, el punto cinco ofrece reforzar la formación de profesionales de la salud y homologar paulatinamente los sistemas de atención, sueldos y prestaciones, ciertamente tareas enteramente distintas, mientras el punto 8 postula un plan de estudios médico alternativo (Universidad de la Salud) completamente desvinculado del modelo de atención, sin autocrítica alguna sobre el ecléctico Modelo de Atención a la Salud-Bienestar, cuyos graduados dispongan de una plaza en el OPD-IMSS-B. Sin asidero, también se propone que los médicos de servicio social en comunidades dispongan de un incentivo para el examen nacional de residencias médicas.
Muy forzada y poco clara resulta la relación que establece el punto 6 entre los primeros mil días y el envejecimiento sobre la reducción de los padecimientos crónico-degenerativos, con incentivos para cuidadores de enfermos crónicos y/o discapacitados en atención domiciliaria, particularmente en adultos mayores de 60 años, y apostando muy optimistamente desaturación de la atención hospitalaria y simultánea disminución en la carga de enfermedad.
Sin más, en el punto 7 se ofrece también una política industrial del sector salud fundada en la relocalización comercial con oportunidades potenciales académicas, científicas y productivas aplicables a las industrias faramacéuticas y de dispositivos médicos, así como en la producción/innovación de vacunas, mercado de genéricos y biosimilares.
En el punto 9 aparece un Programa para un plan de recursos en enfermería que las reconoce como provedoras de servicios de atención prioritaria a la salud; líderes de equipos de atención médica integrada; hacerse cargo del cuidado de pacientes menos complejos; prescribir bajo supervisión médica y reducir brechas en la calidad de los servicios. Sin duda, la rama dispone de todas esas capacidades (NOM019-Ssa), pero la nueva carga incrementada de responsabilidades clínicas no dispone del respectivo incremento salarial.
Finalmente, el punto 10 establece un muy extraño e indefinido Programa de servicio civil para la administración de la salud que, sin pie alguno, enumera capacidades productivas, desarrollos sustentables, impacto en la calidad institucional, equidad y diversidad, responsabilidades organizacionales, desmantelamiento de barreras burocráticas y conocimiento y aplicación de normas y leyes.¿Se sugiere con toda esta enumeración una verdadera vinculación social para activar efectivamente el gran pendiente de la atención prioritaria de la salud?
Ni los pasos ni los puntos entran a la médula del actual desafío sanitario. Entrar a ella es el reto.
*UAM-X
