Diversas instancias del Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República (FGR) han presentado ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 61 denuncias que señalan a 50 jueces, 30 magistrados y dos ministros de haber incurrido en irregularidades en sus resoluciones en beneficio de traficantes de drogas y armas, lavadores de dinero, extorsionadores, huachicoleros, pederastas, homicidas, evasores fiscales y otros delincuentes. Aunque algunos de dichos expedientes se presentaron hace casi año y medio, ninguno de ellos ha sido desahogado.
Esta situación refleja tanto la deriva generalizada que aqueja al Poder Judicial (PJ) desde que es encabezado por Norma Lucía Piña Hernández como el doble rasero que ésta y sus subordinados aplican al tramitar los expedientes que llegan a sus manos. En este sentido, cabe recordar episodios en que los togados han actuado con celeridad inusitada cuando se encuentran en juego sus propios intereses y los de los grupos de poder con los que mantienen afinidad. Al inicio del presente ciclo escolar, el máximo tribunal concedió amparos a organizaciones y partidos de derecha que buscaban dejar a millones de niños sin libros de texto gratuitos antes de haber siquiera revisado los documentos respectivos (como quedó registrado en los asientos de la propia Corte). Asimismo, ha resuelto en tiempo récord cuestiones tan delicadas como el destino de miles de millones de pesos desviados por el propio PJ a fideicomisos ilegales o las reformas con que el gobierno federal intentó enmendar las contrarreformas neoliberales en materia de industria eléctrica. En este último caso, se han señalado los flagrantes conflictos de interés de los ministros Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán, quienes no han tenido la ética para excusarse de participar en decisiones que les atañen de manera personal. Tampoco puede pasarse por alto la rapidez con que Piña Hernández emprendió una cacería contra su antecesor y funcionarios de su entorno, iniciando una investigación exhaustiva horas después de haber recibido una supuesta denuncia anónima.
A este cúmulo de malas prácticas se suma el conocimiento de que la titular del PJ y el ministro Juan Luis González Alcántara organizan reuniones clandestinas con grupos opositores e incluso, según acusaciones presentadas esta semana, extorsionan a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el fin de intervenir en el proceso comicial que culminará el 2 de junio. Con tales antecedentes, es inevitable concluir que en estos momentos buena parte de la judicatura se ha erigido en el mayor obstáculo para la justicia, en una fábrica de impunidad para toda clase de delincuentes, y en un factor de desestabilización para la vida republicana.
La renuncia inmediata de Piña Hernández y González Alcántara es un primer paso ineludible pero insuficiente para sanear a esta rama del Estado y brindarle la credibilidad necesaria para cumplir sus funciones de garante de la justicia y guardiana del orden constitucional. Las defecciones de esos ministros indefendibles deben completarse con una limpieza a fondo de la judicatura y una serie de cambios en la ley suprema que la devuelvan al camino del decoro, la legalidad y la democracia.
