Ciudad de México. Violaciones a los planes de desarrollo urbano, con la permisividad de gobiernos municipales y estatales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano; proyectos que dañan al medio ambiente; defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como adjudicación de contratos de manera directa, son algunas de las formas de operar del cártel inmobiliario en los estados de Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua que involucra a personajes políticos y aspirantes a puestos de elección popular.

Con el pago de una multa de más de 2.2 millones de pesos, la Dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento quintanarroense de Solidaridad (Playa del Carmen), encabezado por la panista Lili Campos, quien busca relegirse en el cargo, dio luz verde al proyecto de construcción Playa By DK 35, que constaría de 43 condominios de alta plusvalía que se ubicarían en la costa, en una zona de anidación de tortugas, violando el Plan de Desarrollo Urbano y el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, denunció el penalista Javier Tun.

Reprobó que en un tiempo récord, del 28 de marzo al 10 de agosto de 2023, el director de Desarrollo Urbano, Gabriel Eduardo Ronquillo, recibió la solicitud de uso de suelo del proyecto condominal Playa By DK 35, lo rechazó por exceder la densidad permitida en la zona turística de Playa del Carmen y lo aprobó con el pago de una multa de 2 millones 245 mil 450 pesos, a pesar de que el predio no tiene aún una sola construcción.

Condominios de lujo

Javier Tun recordó que la empresa DK del Caribe SA de CV, con sede en Playa del Carmen, dijo pretender edificar en una superficie de mil 229.28 hectáreas 44 condominios con sótano, planta baja y cuatro niveles, además de gimnasio, asoleadero, alberca y elevador, entre otros lujos.

Desarrollo Urbano municipal consideró que el predio, de uso turístico, entraría en la Unidad de Gestión Ambiental 15 a 17, por lo que la altura máxima permitida sería de 12 metros, y sólo se podrían construir 10 cuartos por hectárea, entre otras condiciones estipuladas en el reglamento de construcción vigente.

No obstante, cinco meses después, la misma dependencia emitió la licencia de construcción DUB/23-0686, número de expediente SOAyC-ON-1182-2023, con modalidad obra nueva mixta, por lo cual se cobraron a la firma 291 mil 471 pesos por derechos, y se impusieron las sanciones económicas citadas.

Tun reprochó al ayuntamiento panista que teniendo todas las herramientas legales para impedir un desarrollo inmobiliario que violaría la ley, lo autorizó anteponiendo una multa.

Indicó que además de transgredir la normativa, la construcción atenta contra el medio ambiente y la fauna nativa, pues el sitio en que se pretende edificar el complejo es sitio de desove y anidación de tortugas.

Acotó que ante la inconformidad de residentes de la zona, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró la obra, por lo que Desarrollo Urbano debió actuar en el mismo sentido con cierres temporales, aunque dudó que se tengan las herramientas para reactivar el proyecto, que sigue en litigio.

Denuncia contra Lemus

En Jalisco, el partido Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus Navarro, a quien acusó, junto con su padre, José de Jesús Lemus, su madre, Amada Navarro de Anda, y a tres empresas constructoras, por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la edificación de tres torres departamentales en la colonia Providencia de Guadalajara.

La querella se suma a otras que se han hecho públicas en los años recientes contra liderazgos de Movimiento Ciudadano en Jalisco, partido al que muchos ironizan al llamarlo Movimiento inmobiliario, desde que el gobernador Enrique Alfaro llegó como alcalde de Guadalajara en 2015, mismo año en que Lemus asumió la presidencia municipal de Zapopan.

Investigadores, universitarios, constructoras, asociaciones vecinales y opositores a MC aseguran que el Movimiento inmobiliario hace palidecer al que operan los panistas en la Ciudad de México, pues abarca diversas regiones del estado, no sólo las grandes ciudades, como el área metropolitana de Guadalajara o Puerto Vallarta.

La candidata a diputada local Cecilia Márquez dijo que varios empresarios le informaron que Grupo Constructor Terla estaba envuelto en una triangulación de operaciones irregulares y que en su cuadro de accionistas está la empresa Alquimia, la cual ha recibido de forma directa contratos por más de 250 millones de pesos para Guadalajara y Zapopan, durante los gobiernos de Lemus.

El desarrollo de la colonia Providencia consta de tres torres de departamentos de cinco pisos, en la calle Montreal 1346. El terreno fue propiedad de Amada Navarro, quien lo compró en 6 millones 600 mil pesos en septiembre de 2015, cuando su hijo era alcalde electo de Zapopan.

La compra, según consta en la escritura 7384, la certificó el notario Arturo Ramos Alatorre, quien es el socio y operador financiero de Pablo Lemus, una compra realizada pese a que Amada Navarro sólo reportaba ingresos anuales por 52 mil pesos, señaló Márquez.

En abril de 2019, en el segundo periodo de Lemus como alcalde de Zapopan, sus padres tramitaron los permisos de alineamiento y número oficial, como primer paso para obtener la licencia de construcción. En junio de ese año, la constructora Compira les compró el terreno y adquirió dos contiguos.

Compira es una empresa fantasma, su domicilio está registrado en la ciudad de León, Guanajuato, con la supuesta dirección en Jardín Apaseo 5, colonia El Carmen, donde no existe ninguna oficina, aseguró la morenista.

Dicha firma vendió los terrenos a Grupo Terla, que construyó los tres edificios de departamentos de lujo en una zona en la que no estaba permitido por el uso de suelo, y dejó al descubierto una triangulación iniciada a nombre de Amada Navarro y terminada por los hermanos Lara Ochoa de Grupo Terla, uno de los constructores más favorecidos por Lemus en Guadalajara.

En enero de 2022, Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara, denunció los permisos otorgados para instalar fraccionamientos junto al lago de Chapala, afectando la captación de agua de lluvia hacia el embalse, que hoy se encuentra apenas a 35 por ciento de su capacidad y es el principal abastecedor del líquido a la capital del estado.

El consultor y arquitecto Jesús García Rojas también ha denunciado desde hace años que 10 familias son dueñas de Guadalajara y son las que deciden cómo, dónde y cuándo se construye en la ciudad.

En ese grupo figuran Salvador Ibarra Álvarez del Castillo, de Grupo San Carlos; Tierra y Armonía, de Juan José Errejón y Beatriz Alfaro, parientes del gobernador Enrique Alfaro; los hermanos Padilla Quiroz, de la constructora Domus; Raymundo Gómez Flores, senador del PRI y público patrocinador político de Alfaro, entre otros.

Mientras, el candidato de Morena a la alcaldía de Chihuahua, Miguel La Torre Sáenz, denunció a la directora del Instituto Municipal de Planeación, Alondra Martínez Ayón, por encabezar un presunto cártel inmobiliario, pues su esposo es socio de la empresa Caduma Consultores, la cual ha recibido ocho contratos por adjudicación directa equivalentes a 7.5 millones de pesos.

Caduma Consultores ha realizado estudios de impacto ambiental y otros que requiere el ayuntamiento de Chihuahua, a cargo del alcalde panista Marco Bonilla Mendoza.

Uno de los estudios está relacionado con el desarrollo de la vialidad Poniente 5, en una zona de predios que empresas inmobiliarias pretenden explotar con la construcción de fraccionamientos residenciales.

Los regidores de Morena pidieron a Marco Bonilla que inicie una investigación con el fin de esclarecer las adjudicaciones del ayuntamiento a favor de Grupo Caduma Consultores S de RL de CV, y que se dictaminen o deslinden responsabilidades en su caso, por los contratos; además, Alondra Martínez Ayón formaba parte del Consejo de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua desde 2016, al mismo tiempo que ha sido socia de la empresa, señalaron.

El consejo se encarga junto con el Instituto de Planeación Integral del municipio de elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, que tiene que ver con la apertura de nuevas vialidades para el crecimiento de la ciudad, hacia sectores y predios que con antelación compran especuladores inmobiliarios.