Los grupos parlamentarios de Morena y el PT en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigieron la renuncia inmediata de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, por quebrantar la autonomía del Poder Judicial, extorsionar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e intervenir en el proceso que culminará el 2 de junio.
El miércoles 15 salió a la luz que la titular del Poder Judicial organizó una reunión entre los magistrados electorales Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto, y el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. El encuentro, efectuado el 12 de diciembre pasado, no tuvo lugar en un recinto institucional, como lo exigen el decoro y el código de ética de la SCJN, sino en la residencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Asimismo, se dio a conocer que dicha convivencia fue la primera de muchas en las que ha participado Piña y en las que González Alcán-tara ha fungido como operador político para coordinar a los partidos del bloque de derechas con ex funcionarios del calderonato y el peñato, integrantes de la autodenominada sociedad civil, académicos e intelectuales adver-sos al presidente Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de nación que aún encabeza.
Como parte de estos trascendidos, se divulgaron las amenazas de Piña hacia Felipe Fuentes, en el contexto de los jaloneos dentro del Tribunal Electoral que desembocaron en la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del mismo. La ministra extorsionó a Fuentes con el propósito de sostener al frente del TEPJF a Rodríguez, funcionario plenamente identificado por su carrera política panista, en la que incluso fue asesor del secretario particular de Felipe Calderón. Estas revelaciones permiten observar un patrón de conducta: hace un año, Piña envió mensajes de texto intimidatorios y burlones al entonces presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, por criticar la errática actuación de los juzgadores en temas de trascendencia nacional. No sólo no se disculpó, sino que se mofó de los cuestionamientos, como lo ha hecho cada vez que se le inquiere por sentencias discutibles.
Hasta ahora, ni Piña ni los magistrados del TEPJF han explicado por qué se reunieron a escondidas con un líder partidista cuando ya se encontraba en marcha el proceso electoral. Nadie niega la necesidad de un diálogo fluido entre la Suprema Corte, los partidos y las autoridades comiciales, pero éste debe realizarse de cara a los ciudadanos, no en mansiones particulares bajo el manto de lo furtivo. De acuerdo con la información disponible, los integrantes del tribunal no sabían que Moreno Cárdenas asistiría a la casa de González Alcántara (a la que también fue invitado el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, quien a la postre no asistió), pero ello no los exime de justificar por qué acudieron a un cónclave clandestino.
Tras la acumulación de evidencia de sus maniobras ilegales para interferir en los comicios del 2 de junio, Piña Hernández y González Alcántara deben renunciar de manera inmediata a sus cargos, pues de otro modo empeorarán de manera sustancial el descrédito de la Suprema Corte, lo que a su vez representaría un factor grave e injustificable de zozobra política. Si no pueden ofrecer una explicación convincente de por qué fueron a esa reunión y qué hablaron en ella, los magistrados del TEPJF también tendrían que presentar sus renuncias a fin de permitir un desempeño sin sospechas de la institución de la que forman parte. La estabilidad del proceso comicial que está por terminar demanda instituciones limpias, sólidas y libres de toda suspicacia.
