Ciudad de México. Durante la actual administración, los niños que resultaron con lesiones pulmonares y por exposición al humo y tóxicos en el incendio de la guardería ABC de Sonora, el 5 de junio de 2009, han recibido, más que con ningún otro gobierno, las medidas económicas y servicios que requieren, afirmó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Indicó que en el Decreto Presidencial que se publicó en marzo de 2020 y en los acuerdos dictados en 2019 y 2020 por el Consejo Técnico, se actualizaron y ampliaron las medidas autorizadas desde 2009, con un enfoque de protección de derechos humanos y acorde con la Ley General de Víctimas.
A las víctimas directas se les otorgó una medida equivalente a la pensión garantizada para los niños lesionados de forma permanente en caso de que al cumplir los 18 años de edad se determine que no se encuentran en condiciones de trabajar; el importe de los auxiliares de diagnóstico que sean necesarios para verificar su estado de salud; atención psicológica y psiquiátrica e institucional y atención vitalicia médica.
También se cubre el importe de las erogaciones que sean necesarias para la debida atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación proporcionada en unidades ajenas al IMSS, así como lo que corresponda con sus traslados cuando sean referidos para su atención a otros centros médicos en el país o en Estados Unidos.
Otro beneficio es una beca para su educación desde primaria hasta educación superior y el pago del consumo de la energía eléctrica que se genere en el domicilio en el que residan, por prescripción médica.
A las víctimas indirectas que son las madres de los niños con lesiones permanentes y los que inhalaron humo o tóxicos, se les otorgó una medida mensual vitalicia y el equivalente a una pensión garantizada. Esta última, siempre y cuando no cuenten con una pensión de invalidez dictaminada por el IMSS.
De igual forma recibirán atención médica vitalicia, a través del Seguro de Salud para la Familia, para ellos, sus hijos y ascendientes y atención psicológica y psiquiátrica institucional.
El Seguro Social dio a conocer lo anterior anoche, luego de las manifestaciones que algunos padres de familia han realizado para exigir el pago retroactivo de medidas y ayudas extraordinarias establecidas desde 2009.
Indicó que en 2023 estas personas interpusieron 35 juicios de nulidad, los cuales están radicados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no han sido resueltos. En cualquier caso, dijo el IMSS, se atenderá lo que determinen las autoridades jurisdiccionales.
