La actual administración federal ha forcejeado con el viejo modelo concentrador, fundamentalmente en dos amplios campos. Uno, frente al atorado sistema judicial que no pierde ocasión de inclinar la balanza al lado conservador. El otro al avanzar, muy a pesar de que las reglas y normas, derivadas de la reforma energética de Peña Nieto, obstaculizan su desempeño.

En medio de estas enormes pinzas de contención, se le añade un conjunto de intereses creados que no se limitan a los de la industria energética. En verdad se extienden casi al conjunto completo de la economía donde se entrelazan y dan pie a visiones ancladas en el individualismo privatizador. En este vastísimo espacio de poder caben lo mismo medios de comunicación, bajo estricto control empresarial, como instituciones financieras que actúan como guías y unificadores del pensamiento neoliberal.

Aun así, el gobierno no ha cejado en la puja por sacar a flote todo aquello que toque, para su beneficio, a los grupos humanos mayoritarios. Parte sustantiva de los cuales habían caído, durante casi 40 años consecutivos, en el franco, planeado y penoso desamparo. Pero que, ahora y desde hace cinco años, se les ha situado como punto de atención prioritaria.

Conseguir avanzar, tras la ansiada soberanía energética, ha requerido emplearse a fondo y fluir entre los entresijos de un entramado bien ensamblado. Uno que favorece en todo momento los intereses concentrados del capital, en especial el extranjero. La estrategia diseñada sitúa a las dos grandes empresas públicas –Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE)– en el centro de su tarea reconstructiva.

Ambas, hasta 2018, en una situación de caída, casi libre, en sus capacidades. Dicha tarea dio inicio desde el primer día, después de la toma del Poder Ejecutivo, dictada por la mayoría del pueblo mexicano. Esa es la sólida base y legitimidad de la cual se parte y a la que se recurre constantemente. El bienestar popular ha sido situado, sin cortapisa que lo mutile, como la medida de la justicia distributiva. Se trata, entonces, de trabajar para el interés colectivo como objetivo funcional y medida de la eficacia operativa.

Muy a pesar de las intenciones desplegadas para caminar rumbo a la vislumbrada soberanía energética, varias de las iniciativas, aprobadas por el Legislativo, se estrellaron contra el muro de los intereses creados. Otras leyes quedaron atoradas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal fue el destino de la Ley de Hidrocarburos que ahí durmió varios años. Pero, finalmente, ha revivido y tendrá varios efectos inmediatos, pues se asentó su constitucionalidad.

Otras iniciativas –la eléctrica, por ejemplo– que ordenaba la prioridad del despacho para las generadoras públicas, no corrió con la misma suerte. Las normas diseñadas (Comisión Reguladora de Energía) para desarmar el tinglado ilegal, que se creó alrededor de los autoabastos, no ha sido aceptado por los jueces. Éstos priorizan la “competencia” del mercado sobre el interés colectivo. Aún así se han logrado avances notables. Se les enumerará de forma sucinta.

El enorme mercado del gas licuado de petróleo (LP), caro y peligroso energético de uso masivo, entró en un proceso ordenador y de control. Se empezó por exigirle información detallada respecto de sus precios. Propósito que, lentamente pero constante y firme, se ha establecido. Ello ha permitido beneficiar al consumidor, ahorrándole una suma cercana a 70 mil millones de pesos, en estos años.

Una cifra que se dice rápido, pero que requirió una paciente y constante interacción con los reactivos permisionarios. Todavía resta incidir en este campo para ir cambiando el gas LP por gas natural, más barato y seguro. Quizá el punto nodal de la estrategia seguida sea la normalización operativa de Pemex.

En primer término, se detuvo la consistente caída en su producción de crudo y concomitantemente, de las reservas probadas. Del millón 700 mil barriles diarios (2018) se llegó en 2023 a un millón 870 mil barriles. Y en esa cantidad se piensa detener el avance. Ya no se planea exportar crudo, sino dedicar toda la capacidad de extracción a surtir la demanda interna de gasolinas. Avanzan los trabajos para lograr la autosuficiencia en este campo con la cercana entrada operativa de Dos Bocas y el incremento en la eficiencia de las demás refinerías.

Queda pendiente abordar las necesidades de los petroquímicos, abandonados por completo desde tiempos pasados. La deuda de la empresa, motivo central de su asfixia, empezó a ser atendida. Para lo cual se modificó la presión fiscal previa, usada como sustituto de los impuestos perdonados a los grandes contribuyentes.

Aun así, Pemex sigue aportando masivas cantidades al erario: 3 billones de pesos en estos años y con rumbo a generar, nuevamente, sanas utilidades. Se rebate, de manera terminal, la conseja mal intencionada, muy difundida por cierto, que asume cargar, sobre la hacienda pública, el (inexistente) fardo sin fondo de Pemex.