Ciudad de México. Defensoras de derechos humanos, entre ellas Ana Lorena Delgadillo Pérez, fundadora de la Fundación para la Justicia y Mercedes Doretti, directora para Centro y Norteamérica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), denunciaron que desde 2016 fueron acusadas por la entonces Procuraduría General de la República por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro por sus investigaciones en la masacre de San Fernando, Tamaulipas.

Ante ello, pidieron a la actual Fiscalía General de la República (FGR) detener las indagatorias o cualquier acción penal “arbitraria” en su contra, ya que, señalaron, la carpeta de investigación sigue abierta y puede continuar el “uso indebido” del sistema de justicia, sin que se les garantice el debido proceso.

Durante la presentación del informe Perseguidas, criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México de Amnistía Internacional México, la antropóloga Mercedes Doretti externó su preocupación por el espionaje y las acusaciones ilegales, ya que pueden ser detenidas al tratarse de delitos que implican la prisión preventiva oficiosa.

“Quedamos sujetos a la legislación especial para estos casos y podemos ser detenidas”, indicó al precisar que las imputaciones en su contra ocurrieron durante su desempeño como perito de la comisión forense que investigaba el hallazgo de más de 200 cuerpos de migrantes en 48 fosas clandestinas localizadas en el municipio de San Fernando en 2010 y 2011.

Mencionó que contrario a lo que pudiera pensarse de que la nueva administración cerrara las investigaciones, sancione a los responsables y remueva del expediente la información personal sobre ellas, “no ha sucedido nada de esto, la causa sigue abierta y no se ha recibido apoyo y explicación” de la FGR.

La abogada Delgadillo Pérez indicó que fue hasta 2021 –después de una larga batalla jurídica para que la entonces PGR entregara los 300 tomos del caso–, cuando se enteraron que eran objeto de espionaje y estaban siendo investigadas dentro de la misma la averiguación previa de las fosas clandestinas de San Fernando.

Esa información, puntualizó, obra en el tomo 221, “fue muy fuerte enterarme que soy abogada de las víctimas (familias de migrantes) y perseguida por delincuencia organizada, interviniendo no sólo nuestros teléfonos, sino ponernos en el mismo expediente donde tenían que investigar a los responsables de la masacre”.

Belem Barrera, investigadora de Amnistía Internacional México, acusó que las defensoras y la periodista Marcela Turati no han tenido la oportunidad de defenderse de las acusaciones en su contra, ya que –señaló– los agentes de la entonces PGR “nunca registraron en el sistema como tal una denuncia formal ni les han dado la calidad de imputadas, ni notificado personalmente de la acusación en su contra ni del delito por el que les investigan”.

En este sentido, señalaron que la criminalización de las defensoras manda una señal de que hacer peritajes independientes y representar a víctimas de violaciones “será castigado con procesos penales infundados”, lo que genera un “efecto amedrentador” a otras personas defensoras y “profundiza la impunidad”, advirtieron.