México recién recibió nuevas amenazas de cuatro congresistas estadunidenses. Tres republicanos y el demócrata Tim Kaine –encargado para el hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores– enviaron el 9 de mayo una carta a la canciller Alicia Bárcenas advirtiendo que si México no se echa atrás en la “ilegal toma” de la mina Calica en Playa del Carmen, cuyo dueño es la empresa minera Legacy Vulcan radicada en Alabama, “usarán todos los remedios a su disposición para asegurar que ninguna entidad o individuo se beneficie de este robo (sic)”. Urgen al gobierno de Biden a presionar al de México.
Los congresistas dicen que “Vulcan se ha enfrentado a amenazas y un abuso permanente, incluyendo una segunda invasión militar de la propiedad de la empresa en marzo de 2023”, y que AMLO “amenaza con convertir la propiedad en área de protección ambiental” (https://tinyurl. com/mryyxtku). ¡Es absurdo defender a Vulcan con esa última acusación! Sólo les faltó decir que el TLCAN, bajo el cual Vulcan demandó a México en 2019, no fue impuesto para proteger el ambiente.
Como me dice Raúl Benet, asesor ambiental de las comunidades afectadas en Playa del Carmen, “la amenaza de los senadores estadunidenses de que utilizarán todos los recursos para doblegar a México, no sólo muestra el conflicto de intereses entre inversionistas y legisladores, sino que denota una desesperación ante un posible fallo del tribunal del Ciadi a favor de México. En cualquier caso, las comunidades aledañas a la mina seguirán con sus recursos legales y sus movilizaciones para impedir que Calica/Vulcan sigan devastando el territorio de la Península de Yucatán”.
La desesperación de Vulcan, a la que alude Benet, se debe a que publicaciones del caso contra México revelan que el tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (Ciadi) ha aceptado recibir un amicus curiae de parte del representante de las comunidades indígenas locales, Quetzal Tzab Gonzales, y se ha negado a emitir una segunda “orden de no-agravación” contra México (que le requeriría evitar acciones que pudieran “inflamar” la disputa internacional, como justamente tomar las instalaciones). Los mismos miembros del tribunal del Ciadi tomaron la inusitada decisión de visitar el sitio mismo de la mina Calica en 2023 para verificar los daños ambientales, después de que Tzab Gonzáles y Benet viajaron a Washington y fueran, también de manera muy poco común, recibidos en las oficinas del Ciadi (además de haber visitado oficinas de congresistas como Elizabeth Warren y Bernie Sanders).
Como se sabe, el presidente López Obrador ha ofrecido a Vulcan una compensación de unos 390 millones de dólares (mdd). Pero la compañía no sólo no la acepta, sino que ha elevado la apuesta en el Ciadi de 500 mdd a mil 900 mdd, en una jugada típica de lo que llamamos el “casino del extractivismo” (https://tinyurl. com/ys4xcdsy).
Atención: el caso de la minera Vulcan contra México está lejos de ser un caso aislado. Hoy varias organizaciones publicamos la versión actualizada de la “Radiografía del poder trasnacional: el régimen de protección de inversiones y sus consecuencias” (https://isds-americalatina.org/ perfiles-de-paises/mexico/), que contiene cifras de los casos de demandas inversionista-Estado conocidos contra México. Todas las demandas se inician con base en tratados internacionales de inversiones. México es parte de 31 tratados bilaterales de inversión (TBI) y 11 tratados de libre comercio (TLC) que prevén el recurso a los tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversionistas y estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Con 53 demandas en contra, México es el cuarto país más demandado del mundo (tras Venezuela, Argentina y España).
México ha perdido 11 casos y ha sido obligado a pagar 296 mdd; cifra mayor al presupuesto total que México prevé en 2024 para la búsqueda de personas desaparecidas, la fiscalía de desaparición forzada y la investigación del delito de tortura. Más aún: hay 23 demandas pendientes mediante las cuales inversionistas demandan la estrafalaria suma de al menos 13 mil 325 mdd (las cifras son superiores, ya que hay muchos casos en que se desconocen los montos de las demandas).
Las recomendaciones del informe: realizar una auditoría de los 42 tratados de protección de inversiones (TBI o TLC) y sus impactos económicos, sociales y ambientales; suspender la posibilidad del uso de demandas inversionista-Estado durante la auditoría y tomar los pasos necesarios una vez terminada; salir del Ciadi y promover alternativas nacionales y regionales (por ejemplo, crear un mecanismo de arbitraje bajo la Celac), para la resolución de disputas entre inversionistas y Estado, y no firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones (por ejemplo, en el tratado “modernizado” con la Unión Europea, pendiente de ser ratificado).
La revisión del T-MEC programada para 2026 es una ocasión ideal para comenzar a desmontar por completo el sistema ISDS. Lástima que como en los tiempos del PRI y el PAN, la secretaria de Economía de la 4T incluya hasta ahora sólo a funcionarios y al sector privado en la “mesa” para dicha revisión (La Jornada: “Gobierno e IP integran equipo para afrontar revisión del T-MEC”, 8/5/24).
Mucho aprenderían los gobiernos para defenderse y promover sus intereses nacionales si hicieran caso no sólo a la IP. En otro artículo escribiré acerca de una carta trinacional e intersectorial de organizaciones sociales y civiles, de esta semana, que insta a la Comisión de Libre Comercio del T-MEC a interpretar en favor de los gobiernos las reglas para demandas “heredadas” del TLCAN, para liberar a los tres países de demandas pendientes por más de 20 mil mdd.
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org y Asociado del Transnational Institute www.tni.org
