Madrid. El alto comisionado de Francia en Nueva Caledonia, Louis Le Franc, elevó este lunes a 270 la cifra de detenidos durante los disturbios ocurridos en la isla desde hace una semana en señal de protesta por la reforma constitucional que busca ampliar el censo y permitir a los ciudadanos franceses votar en las elecciones, una decisión que buena parte de los indígenas canacos, independentistas en particular, ven como un recorte a sus derechos.

"El número de muertos continúa siendo seis, incluidos dos oficiales de Policía. En total, cerca de 270 manifestantes han sido arrestados. 21 supermercados han logrado reabrir y se están reabasteciendo poco a poco", aseguró Le Franc en un comunicado.

Tras ello, felicitó a las fuerzas de seguridad en el territorio de ultramar, donde fueron desplegados mil 50 miembros de la Gendarmería Nacional y de la Policía, a los que se van a unir otros 600 "en las próximas horas", para conseguir que la isla vuelva a la calma tras restaurar "el orden republicano".

A pesar de que la situación está mejorando, Le Franc anunció el despliegue de "recursos militares" para proteger los edificios públicos, y que el Aeropuerto Internacional La Tontouta seguirá cerrado al menos hasta el día próximo jueves, cuando se realizará una nueva evaluación de la situación. En ese sentido, informó que ya se realizaron las gestiones necesarias para que los turistas puedan volver a sus hogares.

Las medidas que prohíben las concentraciones, el transporte de armas, la venta de alcohol, la circulación en vías y lugares públicos entre las 18:00 y las 6:00 horas seguirán vigentes mientras esté en vigor el estado de emergencia.

El conflicto estalló el lunes de la semana pasada tras el debate en el Parlamento francés de una reforma electoral que concede el voto a los ciudadanos franceses. El texto, aprobado finalmente y que el presidente del país, Emmanuel Macron, quiere ratificar el mes que viene, propone el derecho a voto para ciudadanos franceses que lleven al menos diez años residiendo en el territorio.

Los canacos, y en especial la alianza independentista del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista (FLNKS), denunciaron la propuesta como un varapalo a sus aspiraciones en un momento especialmente crítico de las relaciones con Francia, después de que la alianza boicoteara el último referéndum de independencia de 2021, que se saldó con victoria de los unionistas.