Desde noviembre de 2022, los partidos de derecha y el sector oligárquico que maneja a la coalición Fuerza y Corazón por México (enésima encarnación del Pacto por México signado en el sexenio de Peña Nieto) impulsaron la narrativa de que las grandes muestras públicas de malestar con el gobierno federal eran manifestaciones espontáneas y genuinas, que respondían únicamente a la convocatoria de organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la democracia y el equilibrio de poderes, sin ninguna interferencia partidista ni de grupos fácticos.

Por su parte, desde el día en que asumió la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández se autoproclamó adalid de la independencia judicial frente al Ejecutivo y se dedicó a pontificar acerca de la importancia de que sus resoluciones sean inatacables, por muy arbitrarias, antidemocráticas e ilegales que resulten. Una y otra vez, la ministra presidenta insistió en que sus fallos tenían como único norte la Constitución y en que la autonomía de los togados es una línea de defensa contra la tiranía. El estilo y el discurso de Piña Hernández son un calco de los usados por Lorenzo Córdova en sus últimos años como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), durante los cuales se dedicó a sabotear de manera cada vez menos velada al partido gobernante y desarrolló una promiscuidad igualmente indisimulada con el bloque de derechas. Como Piña, Córdova respondía a todo cuestionamiento sobre su evidente parcialidad blandiendo la espada de la independencia, la autonomía y el imperio de la ley.

En meses y días recientes, todos estos embustes han sido desenmascarados de manera definitiva. El primero en tirar la careta fue Córdova, quien se convirtió en empleado de uno de los ex gobernantes más corruptos y uno de los mayores delincuentes electorales del país cuando todavía no terminaba de desocupar sus oficinas en el INE. Luego tocó el turno al Prian de reconocer que las marchas denominadas marea rosa siempre fueron instigadas, organizadas y financiadas por los propios partidos, y que no tenían otra razón de ser que su desesperación por recuperar posiciones de poder. Lo que ya se sabía quedó demostrado con la publicación de minutas internas del PAN en las que el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, se ufana de que los eventos de 2022, 2023 y, por extensión, el que tiene lugar hoy ya con presencia de la abanderada, no fueron espontáneos; estuvimos trabajando junto con las organizaciones de la sociedad civil horas, horas construyéndolas, negociando. Con sus declaraciones, Creel no sólo desnudó las relaciones y filiaciones de las poderosas asociaciones paraempresariales que han intentado por todos los medios descarrilar a la autodenominada Cuarta Transformación, sino también a Córdova Vianello, quien saludó y azuzó las marchas convocadas para defender el despilfarro y la conducta mafiosa que fueron sus sellos en el INE.

Norma Piña y su camarilla no quedan mejor parados. Hoy se sabe que la presidenta del máximo tribunal y el ministro Juan Luis González Alcántara han creado círculos de conspiradores en los que reúnen a sus pares y a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con los dirigentes del PRI y el PAN, ex funcionarios del calderonato –régimen, nunca debe olvidarse, emanado del fraude electoral– integrantes de la oligarquía disfrazada de sociedad civil, académicos e intelectuales que han abrazado todas las fases de la guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esos conciliábulos se organizaron las protestas por la autonomía del INE y la independencia judicial, y cabe preguntarse si también se negociaron allí los aberrantes fallos que han dejado impunes a delincuentes de cuello blanco y miembros del crimen organizado, así como los que han paralizado obras públicas estratégicas en perjuicio de todo México.

Caídas las máscaras, se constata que siempre estuvieron en lo cierto quienes denunciaron la actuación mafiosa de Lorenzo Córdova y del INE bajo su mando, la decadencia del Poder Judicial desde que es dirigido por Norma Piña, la filiación conservadora de la marea rosa y el hecho de que infinidad de membretes de la sociedad civil no defienden nada más que la nostalgia de sus dueños por el enriquecimiento a expensas del erario.