Nuevo Laredo, Tamps. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) denunció públicamente al juez federal Eduardo Javier Sáenz Torres por proteger a militares implicados en la masacre de cinco civiles, quienes fueron ejecutados extrajudicialmente el 18 de mayo de 2023, a un costado de la tienda Smart Zapata.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del CDHNL, destacó que esta denuncia responde a la preocupación por la impunidad que prevalece en el caso de la masacre que cobró la vida de cinco civiles hace un año.

“Hace un año en este lugar, fueron privados de la vida de manera arbitraria, es decir, fueron víctimas de una ejecución extrajudicial por parte de un grupo de operaciones especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y hace un año también se dio a conocer un video a través de un medio internacional de noticias que nos permitió darnos cuenta de la realidad de que en este lugar no hubo un enfrentamiento, no hubo una agresión al Ejército mexicano, pero sí hubo evidencia de una ejecución extrajudicial en la que participaron alrededor de 14 o 16 militares”, destacó Ramos Vázquez.

Expuso que el juez Torres ha favorecido a los militares acusados por el delito de homicidio calificado en el caso de la masacre. De los aproximadamente 14 o 16 militares involucrados, solo dos han sido detenidos, mientras que el resto ha sido liberado, gracias a la intervención del mencionado juez. La denuncia resalta cómo esta acción judicial privilegia los derechos de los imputados por encima de las víctimas y evidencia la impunidad que prevalece en el sistema judicial mexicano.

De los militares involucrados en la ejecución extrajudicial de los cinco civiles, sólo permanecen en prisión Benito Juárez Gómez y Armando Alexis Rubiano Marcos. El juez federal, Eduardo Javier Sáenz Torres, permitió que otros cinco militares siguieran el proceso en libertad, siendo estos el teniente José Luis Nava Martínez, Ángel Mario Herrera Aguilar, Filiberto Chávez, Mar, Carlos Torres Arias y Julián Quiñones Martínez, dentro del proceso penal 203/2023 por el delito de homicidio calificado.

El presidente del Comité de Derechos Humanos subrayó la importancia de la labor periodística en la denuncia de casos de violaciones a los derechos humanos y resaltó el riesgo que enfrentan tanto las familias de las víctimas como los propios periodistas debido al hostigamiento y amenazas por parte de las fuerzas armadas. En este sentido, hizo un llamado a seguir visibilizando estas situaciones para exigir justicia y poner fin a la impunidad en casos tan graves como el ocurrido en Nuevo Laredo.

El pasado 18 de mayo de 2023, Edgar Chavarría Rico Clinton, Alex Lucha Pérez, José Ángel Moreno Pool, Jorge Antonio Colector y José Isabel Rivera Vega, fueron ejecutados por personal de Operaciones Especiales de la SEDENA luego de chocar el vehículo que tripulaban contra la barda de la tienda Smart Zapata en Prolongación Avenida Monterrey entre Emiliano Zapata y Lago de Chapala.

Los cinco hombres fueron sometidos, torturados y víctimas de ejecución extrajudicial por parte del personal militar, como lo constató la cadena de noticias Univisión que, en el mes de junio de 2023, difundió el video donde se aprecia la masacre perpetrada por el personal de SEDENA.

Además, los militares robaron armas, falsearon testimonios y el Informe Policial Homologado.

“Ya hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y esta masacre fue incluida en un informe que este año publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Otras organizaciones defensoras de derechos humanos también se han pronunciado, como es el caso de Amnistía Internacional y como es el caso de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, enfatizó el presidente del CDHNL.

Las familias de las víctimas se reunieron la noche del 17 de mayo en el lugar donde se perpetró la masacre, para recordar a sus seres queridos, expresando su indignación y frustración ante la falta de justicia.

Aseguran que la liberación de los responsables refleja una protección hacia los militares por parte de las autoridades. Piden al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las instancias judiciales que se aplique la ley con rigor y asegurar se haga justicia para todas las personas afectadas por la ejecución extrajudicial.