San Cristóbal de Las Casas, Chis. La diócesis de San Cristóbal exigió que se haga justicia a los 11 pobladores de la comunidad de Nuevo Morelia, Chicomuselo, entre ellos dos catequistas, asesinados el 12 de este mes por integrantes de grupos del crimen organizado, “el desarme inmediato de estos grupos criminales”; “el retorno seguro, libre y sin condicionamientos de las comunidades desplazadas"; “la recuperación del territorio para que nuestros pueblos sean sujetos de su historia”; “la atención urgente a las demandas de paz de nuestros pueblos” y el “restablecimiento del orden social sin poner en riesgo a la sociedad civil en resistencia a estos grupos criminales”.

En un comunicado agregó que “personas del crimen organizado entraron a Nueva Morelia alrededor de las 5:30 de la tarde del 12 de mayo y fueron directamente a las casas de las personas que aún se encontraban en la comunidad, asesinando a 11; seis hombres y cinco mujeres”.

Dijo que “a cuatro de ellos los asesinaron en diferentes casas y a siete miembros de una familia completa reunida en su casa después de la celebración dominical; luego de darles muerte prendieron fuego a la vivienda y los cuerpos de dos de nuestras hermanas quedaron totalmente calcinados”.

Señaló que las personas muertas, para quienes pidió “un minuto de silencio in memoriam”, son Alfonso, de 73 años; Teresita de Jesús, de 28; Dolores, de 56; Rosalinda, de 57; Yojari Belén, 18; Ignacio, de 52; Isidra, de 54; Urbano, de 42; Brandi, de 15; Joel, de 49 y Azael, de 31 años.

“Estas mujeres y hombres se resistían a dejar sus hogares a pesar de la violencia, amenazas y hostigamiento de los grupos criminales a sumarse a sus filas, su resistencia a ser libres y a favor de la vida, la paz y la justicia, la resistencia contra todos aquellos signos de muerte que laceran la vida y la dignidad humana”.

En el documento firmado por los obispos Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro y otros directivos, la diócesis pidió también que se haga justicia a dos personas asesinadas en Nuevo Morelia el 4 de enero y 2 el 16 de enero 2024 en la franja de la presa de La Angostura.

“Nuestros pueblos siguen sufriendo; estamos en medio de una guerra que no tiene fin y nos están llevando como pueblo a ponernos como carne de cañón y barrera humana; muchas comunidades han quedado vacías por las amenazas, asesinatos y desapariciones; nos han infundido el miedo y el terror, apoderándose de nuestra tierra y territorio sin que el Estado haga algo por garantizar la vida y la seguridad de los pueblos”, manifestó.

Subrayó: “Ante tanta injusticia la Iglesia no puede ni debe quedarse callada por ello hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes a poner su mirada en estas comunidades y pueblos actuando conforme a derecho”.

Denunció que “cientos de desaparecidos se suman a la lista larga de los invisibilizados ante la omisión del Estado de frente a los grupos criminales que han desestabilizado la vida de los pueblos”, al tiempo se señalar que “el secuestro de comunidades y pueblos por los grupos delincuenciales, obligándolos a sumarse a sus filas y condicionándolos para permanecer en sus casas”.

Además, aseguró que en esa zona de la sierra y la frontera de la entidad existen “amenazas, hostigamiento, intimidación y persecución a la sociedad civil; presión y control social de los grupos criminales; cobro de derecho de piso y de paso; presencia de personas armadas en nuestras comunidades; control del territorio, así como saqueo y explotación minera que ha llevado al asesinato de personas inocentes que cuidan y defienden la madre tierra”.

Afirmó que “el proceso electoral está manipulado por el crimen organizado; existen hostigamiento, amenazas e intimidación por nuestra labor pastoral en la construcción de la paz y la exigencia de justicia ante tanta abominación”, por lo que responsabilizó “a los tres niveles de gobierno de los recientes asesinatos perpetrados hacia las familias en el ejido de Nueva Morelia, Chicomuselo, por su omisión ante la realidad que se ha venido denunciando”.

Concluyó: “Es inconcebible la falta de acción de las autoridades habiendo presencia del Ejército, la Guardia Nacional y policía estatal en la región”.