Son dos engendros del neoliberalismo y la corrupción, a cuál peor: el cártel inmobiliario de la Ciudad de México y otro cártel extendido por todo el país, con efectos mucho más perniciosos en el cambio climático y en un recurso vital para todos: el cártel del agua.
Como todos los poderes fácticos, el cártel del agua no es parte del estado de derecho, pero tampoco puede existir si no se alimenta y se sustenta en buena parte en el poder del Estado. Es un parásito del Estado que conspira en contra de éste y la sociedad.
¿Quién conforma este cártel? Un grupo variopinto de empresas embotelladoras de agua, refresqueras, cerveceras, agroindustriales, lecheras. También muchos agricultores y ganaderos integrados al mercado, exportadores, sobre todo los que riegan con aguas subterráneas en el norte del país y en el Bajío. Las concesiones para extraer agua del subsuelo son para ellos oro molido.
Coludidos con ellos está un amplio grupo de despachos de abogados, políticos y “tramitadores”, cuyo poder reside en que la mayoría fueron funcionarios de alto, medio o bajo nivel, o empleados de Conagua en las administraciones del PRI y el PAN. Conocen los laberintos de la institución y sus puntos débiles y además están relacionados con funcionarios y empleados actuales quienes les sirven desde dentro. Dado lo extremadamente rentable que resultan las concesiones de extracción de agua, de ampliación o prórroga, los tramitadores y abogados de este cártel llevan el modo de vida ostentoso que corresponde a quien gana dinero fácil. Los ejemplos abundan.
¿Cómo operan? Los interesados en hacer negocio adquiriendo o ampliando sus concesiones presentan su solicitud a la Conagua, o la tienen presentada en muchos casos desde las administraciones de Zedillo, Fox, Calderón o Peña. Si no hay respuesta favorable por parte de la institución, acuden a la afirmativa ficta o si la respuesta es desfavorable, acuden al amparo. Aquí entran en acción los despachos de abogados y los tramitadores, ex funcionarios y ayuditas desde dentro de la institución. Aunque fueron parte de administraciones corruptas anteriores, no faltan los que ahora intenten metamofosearse como militantes de la 4T.
Concurre también en favor del cártel del agua la debilidad institucional de Conagua. No cuenta con suficientes abogados o bien capacitados –o bien pagados– como los despachos que son su contraparte. Además, los jueces de distrito han sido pródigos en amparar a quienes quieren seguir dilapidando el agua de la nación y reparten suspensiones y órdenes de otorgar concesiones a diestra y siniestra. Entonces, los informes a los jueces de distrito y las respuestas a los amparos se van amontonando en las oficinas regionales de la Conagua.
Ejemplo: en la dirección regional de Conagua en Chihuahua se reciben hasta 100 amparos o mandatos de juez por semana, lo que rebasa completamente al personal de la oficina. Resultado: muchos litigios los pierde la Conagua y los responsables de la institución son multados en lo individual con créditos fiscales ante el SAT. Ya hubo un director que perdió su casa por no poder contra la astucia de los despachos y la codicia de los dueños del agua. Todo por la herencia maldita de los funcionarios de las anteriores administraciones que entregaron o vendieron concesiones sin límite. Ahora no hay empleado de esta institución que acepte el traslado a Chihuahua por miedo a perder su patrimonio.
Todas estas artimañas del cártel del agua constituyen un atentado cotidiano contra dos comunes de la nación: el agua y la energía eléctrica: las concesiones piratas o que no deberían darse por la sobrexplotación de los acuíferos están agotando las aguas subterráneas de varios estados, acelerando el cambio climático. El otro común es la energía eléctrica: los más de 5 mil pozos piratas de Chihuahua, por ejemplo, están conectados sin medidor, con motores de hasta 500 caballos de fuerza que de inmediato saturan las subestaciones y transformadores por más inversión que haga la CFE y provocan fallas en el suministro eléctrico. La comisión desconecta pozos ilegales, pero los productores de inmediato se reconectan y Conagua no alcanza a cerrarlos definitivamente ni a presentar las denuncias penales respectivas porque sólo cuenta con tres verificadores de campo en un estado que cuenta con más de 18 mil pozos agrícolas.
Hay que detener el hidrocidio (perdón por el neologismo). Para eso se requiere una nueva Ley General del Agua que establezca una nueva gobernanza del líquido, un nuevo modelo del uso del agua, como señala Iván Restrepo (https://bit.ly/3JZUHgD) y muy duras sanciones a quien se la apropie ilegalmente y a sus cómplices. Para eso es necesaria una nueva institución que remplace a Conagua, con capacidades, facultades y recursos humanos, técnicos y materiales suficientes. Se requiere también que el Legislativo y el Judicial encuentren la forma de limitar o denegar los amparos para que el cártel no siga prevaleciendo sobre el derecho al agua de todos.
Para que estos cambios urgentes, para que la voluntad política se dé, es indispensable la movilización social. Si el cártel del agua es el de los hartos, sólo podrá detenerlo la fuerza de los sedientos de agua y de justicia.
