San Salvador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este jueves responsable al Estado de El Salvador por la desaparición forzada durante la guerra civil en los años 80 y 90 de una mujer que ayudaba a víctimas del conflicto, su padre y la empleada doméstica de su casa.

Según la Corte IDH, el Estado salvadoreño reconoció parcialmente su responsabilidad en la desaparición de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez hace más de 41 años. Y que, por tanto, reconoció y aceptó que fueron víctimas “dentro del patrón de desapariciones forzadas que fue perpetrado durante el conflicto armado interno salvadoreño” entre 1980 y 1991.

Se estima que al menos 75 mil personas perdieron la vida y que otras 12 mil desaparecieron en la guerra civil que sufrió El Salvador y que concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz suscritos en el Castillo de Chapultepec, en la ciudad de México, el 16 de enero de 1992. Se estima que el 80 por ciento de las víctimas eran civiles.

Patricia Emilie Cuéllar Sandoval fue colaboradora activa de movimientos cristianos y se desempeñó como secretaria de la oficina del Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador entre 1979 y 1980, dedicada a ayudar a víctimas del conflicto armado donde se recopilaba información de violaciones a los derechos de las personas.

Un día antes de desaparecer, Cuéllar Sandoval había denunciado persecución de hombres vestidos de civil. Y, según el expediente del caso, se asegura que, desde su inicio de labores, fue objeto de persecuciones y hostigamientos por su labor en la dicha oficina.

Su padre, Mauricio Cuéllar, y Julia Orbelina Pérez, empleada doméstica, desaparecieron horas después y, según vecinos, varios uniformados los sacaron con violencia de la casa familiar.

La Corte IDH concluyó que la desaparición de Patricia Emilie Cuellar Sandoval constituyó una violación del derecho a defender los derechos humanos. Adicionalmente el Tribunal declaró la responsabilidad de El Salvador por las afectaciones que se produjeron en los familiares de las víctimas.

Asimismo, reconoció que existió “por años” una “inactividad” en los procesos de investigación sobre los hechos del caso.

Entre las medidas de reparación, la condena ordenó al Estado a continuar con las investigaciones penales en curso por delitos de desaparición forzada y tortura, así como con la búsqueda de víctimas y obligó a pagar en el plazo de un año 20 mil dólares para cinco familiares que sobreviven a los desaparecidos en concepto de gastos de tratamiento médico y psicológico, así como por medicamentos y otros gastos conexos.

Según las investigaciones de la Corte IDH, en el marco del conflicto armado, la represión se dirigió, entre otros, contra “organizaciones políticas, gremios y sectores organizados de la sociedad salvadoreña”, produciéndose ataques contra “entidades de derechos humanos” como la institución Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador en la que trabajaba Cuéllar Sandoval.

Patricia fue vista por última vez el 28 de julio de 1982, luego de dejar a sus hijos en una guardería, en las últimas horas de ese día.

En la madrugada, su padre y Julia Orbelina Pérez fueron sacados de su casa. Hasta hoy se desconoce el paradero de las tres personas, señaló el informe del organismo de derechos humanos.

A raíz de las desapariciones de las víctimas, se presentaron solicitudes de habeas corpus a favor de sus familiares, pero estas fueron archivadas y con resultado negativo. También se iniciaron investigaciones penales por secuestro y desaparición que, a la fecha, se encuentran en una etapa inicial de investigación.

En su sentencia, la Corte concluyó que, transcurridos más de 41 años desde la desaparición de las víctimas, esta permanece en impunidad, desconociéndose su paradero o los posibles perpetradores de esta grave violación de derechos humanos.