Buenos Aires. A los festejos del gobierno del ultraderechista presidente, Javier Milei, sobre una supuesta baja de la inflación, lo que en realidad nada ha cambiado la situación social y económica que significa un retroceso en todos los sectores, el hambre y el abandono de los pobres e indigentes, se contraponen las nuevas disposiciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dispuso violentos allanamientos a comedores populares y domicilios de dirigentes sociales como si fuera en plena dictadura militar.

El Polo Obrero (PO), patrocinado por dos abogadas Liliana Alaniz y Claudia Ferrero de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), presentó un primer pedido de nulidad en la causa contra las organizaciones sociales y los comedores populares.

Denunciaron las irregularidades del procedimiento, que no respetó ninguna norma legal, y expusieron que se trata de una causa fundada sobre “las irregularidades y arbitrariedades con allanamientos múltiples, pinchaduras (espionaje) de teléfono, seguimiento de personas, etc., todas resultantes de una decisión política del actual gobierno y a pesar de la propia negativa a aceptarla por parte del juez Sebastián Cassanello”.

La causa judicial fue abierta por el ministerio de Seguridad tratando de utilizar como “prueba” los llamados a una línea telefónica (134) abierta para denunciar presuntas extorsiones y amenazas para concurrir a las marchas por parte de los dirigentes de las organizaciones sociales.

Se presentaron ante la justicia unos 900 llamados, de los que el fiscal federal Gerardo Policita se quedó con 45, en base a los que hizo el pedido de indagatoria de los 27 imputados. El juez Sebastián Casanello rechazó ese pedido porque las denuncias fueron anónimas.

Bullrich pidió ser querellante en la causa por “realizar la denuncia” al argumentar que su ministerio tiene entre sus funciones "la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático”.

El juez lo rechazó tras señalar que la funcionaria no puede considerarse “ni como persona particularmente ofendida por los hechos que se investigan ni su ministerio tiene la atribución de hacerlo, pues de lo contrario todos los representantes estatales tendrían título suficiente para querellar en las causas que allí se mencionan, lo que resulta inadmisible por absurdo a poco que se piense en las consecuencias que ello acarrearía para la marcha de las causas”.

En los medios afines al gobierno el caso fue amplificado tratando de manejar la opinión pública, no contra la suspensión de los fondos para los comedores populares (44 mil en todo el país), sino tratando de mostrar como “mafias” a las organizaciones acusándolas de embolsar el dinero destinado a paliar el hambre de los excluidos del sistema.

Y esto sucede cuando ahora los que demandan comida en los comedores populares se han quintuplicado, y seguirá sucediendo porque el desempleo sigue aumentando con nuevos despidos, ya no solo de estatales sino de los sectores privados, ya que es asfixiante la situación en las industrias, cuya capacidad de producción se redujo a más de la mitad y los despidos están a la orden del día.

La investigación a cargo del fiscal Gerardo Pollicita avanzó “en un contexto político que es claro: el gobierno de La Libertad Avanza, a través de la ministra de Seguridad y de la de Capital Humano, Sandra Pettovello, buscan desarmar a las organizaciones sociales.

No se trata sólo de una causa judicial, sino de una serie de golpes: la decisión de no enviarles alimentos a los comedores de los movimientos, así como la de ir podando el Programa Potenciar, se mantiene firme desde hace cinco meses y afecta a la organización y los espacios comunitarios de los barrios”, señalan los afectados.

Mientras se espera que la justicia llame a indagatoria a los integrantes de las organizaciones sociales luego de los 27 allanamientos que se realizaron el pasado lunes también los medios afines al gobierno acusan a los piqueteros de haber montado “un sistema de esclavitud moderna”.

También el gobierno intenta golpear al movimientos de estudiantes y a las universidades de todo el país, al entregar fondos a la Universidad de Buenos Aires, pero no al resto de instituciones educativas. La respuesta fue una asamblea multitudinarias del movimiento estudiantil apoyado por las centrales sindicales, los movimientos culturales de derechos humanos, en su disposición de continuar e impedir que se apruebe en el Senado la Ley Bases, que busca desregular la economía y entregar las facultades del Legislativo al Ejecutivo, y que se derogue el decreto de necesidad y urgencia por medio del cual se han entregados territorios y se vulnera la Constitución a diario.

El presidente, en tanto, realiza su sexto viaje en cinco meses por asuntos personales como su reunión en España con la ultraderecha fundamentalista de ese país.