México tiene uno de los mejores marcos estratégicos anticorrupción y de integridad pública entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); sin embargo, su “talón de Aquiles” es la transparencia de la información y la implementación de auditorías, entre otras, concluyó la organización internacional.

En el marco del lanzamiento virtual del informe “Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024”, el organismo de cooperación internacional, compuesto por 38 estados, destacó que el país cuente con organismos de estrategia e instituciones anticorrupción y de integridad pública, pues dentro de las mayores fortalezas de México está la estrategia anticorrupción, financiamiento político y manejo de riesgos de corrupción y auditoría-normativa.

No obstante, las áreas en las que puede mejorar es en el cabildeo, en la transparencia de la información pública-normativa y el manejo de riesgos de corrupción y auditoría e implementación.

“América Latina en general está avanzando mucho en el tema de anticorrupción e integridad, pero sucede un fenómeno en algunas economías que es que las reglas no se llevan a cabo en su totalidad”, aseveró Julio Bacio Terracino, jefe de la división de anticorrupción e integridad en el gobierno de la OCDE, en video mensaje.

La OCDE en su reporte mencionó que a pesar de la existencia en México de una unidad de armonización central en la Secretaría de la Función Pública, no hay datos centralizados sobre si los organismos públicos a nivel federal realizan evaluaciones de riesgo para medir los riesgos de fraude y de integridad en el sector público.

Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales también recoge y publica información sobre solicitudes de acceso a la información. Los conjuntos de datos disponibles incluyen la versión consolidada de la legislación primaria, proyectos de ley, así como las declaraciones patrimoniales de oficiales electos, miembros de la Suprema Corte de Justicia, altos funcionarios públicos y sus salarios.

Pero, pese a ello, las declaraciones de conflictos de intereses de los representantes de la rama judicial no son accesibles al público y las agendas de las reuniones ministeriales y gubernamentales no se publican.

Comparado con los estándares de la OCDE sobre transparencia de la información pública, México cumple con el 67 por ciento de los criterios normativos y el 65 por ciento de los criterios de implementación, contra el promedio de los países del organismo de 67 y 62 por ciento, respectivamente.

El órgano que disemina datos abiertos en México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), realiza inspecciones de cumplimiento con las provisiones establecidas en la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los sujetos afectados. También publica reportes sobre el estado de la transparencia de la información en el sector público y las sanciones por incumplimiento.