El 15 de mayo de 2017, México perdió una de sus plumas más carismáticas y contundentes: Javier Valdez, periodista renombrado y fiel cronista de los efectos del crimen organizado en la sociedad, corresponsal de La Jornada y fundador de Ríodoce. Su voz fue silenciada por las balas a plena luz del día en las calles de Culiacán, Sinaloa. Ni el reconocimiento de sus colegas, ni el cariño de los sinaloenses fueron suficientes para protegerle de sus agresores. Desde entonces, Javier se sumó a la lastimosa lista de periodistas asesinados. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha documentado el asesinato, en posible relación con su labor, de al menos 47 personas periodistas y trabajadores de medios desde 2019 hasta la fecha.
Al informarnos, los periodistas enfrentan a actores poderosos, enemigos declarados o invisibles, que se alimentan de la impunidad, la corrupción y la apatía de amplios sectores de la sociedad. Trabajan a menudo en condiciones precarias y deben luchar contra la falta de reconocimiento a su labor y la desconfianza que fomenta la desinformación. Esta situación es especialmente difícil para quienes cubren temas relacionados con el crimen organizado o la corrupción. En la actualidad, cientos de periodistas viven con medidas de protección y decenas se han desplazado forzadamente, tratando de reconstruir sus vidas lejos de sus seres queridos.
El asesinato de Javier Valdez, el de Miroslava Breach y de otras personas periodistas durante ese sombrío 2017, obligó a mirar detenidamente las fallas de los sistemas de justicia y de protección. Gracias a la exigencia incansable de sus colegas de Ríodoce, su familia, redes como Tejidos Solidarios y organizaciones de la sociedad civil, este caso marcó el inicio del proceso de adopción de importantes medidas para el gremio periodístico en México.
Debemos reconocer la emisión de las sentencias contra dos autores materiales, estando pendiente la sanción contra los autores intelectuales.
Desde la adopción en 2018 de un Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) ha aumentado de manera significativa el número de judicializaciones, sentencias y otras resoluciones, al tiempo que la impunidad sigue siendo el principal reto en la mayoría de los asesinatos.
El gobierno solicitó a la ONUDH realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo federal de protección para periodistas y personas defensoras. Al respecto, a través del trabajo colaborativo con la sociedad civil, el gobierno ha logrado implementar plenamente 15 de las recomendaciones formuladas y promover avances significativos en otras 19. Este proceso de fortalecimiento tiene que continuar e intensificarse, teniendo en cuenta que al menos 10 periodistas asesinados tenían medidas de protección del mecanismo.
Desde la ONU-DH, hemos acompañado el caso de Javier, observando audiencias judiciales, manteniendo la interlocución con autoridades, asesorando a la familia y colaborando con agencias de la ONU y otros aliados en la creación del Premio Breach-Valdez sobre Periodismo y Derechos Humanos. Nuestro objetivo es visibilizar la importancia de la labor periodística en México.
No existe una sola respuesta para mejorar la situación, por lo que se requieren políticas públicas integrales que garanticen un entorno seguro y propicio para el periodismo. Fortalecer la protección de periodistas implica nuestro respaldo como sociedad, reconociendo su invaluable contribución a la democracia y la verdad. El panorama en el que trabajan los periodistas en México debe ser motivo de preocupación y acción para la sociedad. Debemos este compromiso a quienes han dado sus vidas informando, así como a sus familias.
*Representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
