La organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos denunció que el cuerpo de Ania Margoth Acosta Rengifo, colombiana que estaba desaparecida desde el 21 de junio del 2023 en Morelia, Michoacán, fue hallado el 27 de febrero pasado en una fosa clandestina en Tarímbaro, y tuvo que ser sepultado en un panteón público del estado en tanto la familia encuentra alternativas económicas para pagar su traslado a Colombia.

Reclamó que el consulado de ese país no brindara el apoyo necesario, bajo el argumento de “que no se cuenta con recursos para brindar asesoría legal, ni para el traslado de los restos de colombianos fallecidos en el exterior”.

Indicó que el caso de Ania no es único, ya que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde el 2010 a la fecha se han reportado 401 colombianos desaparecidos en México, de los cuales, 108 son mujeres, “cuya edad de desaparición comprende en la mayoría de los casos entre los 25 y 39 años”.

Idheas explicó que después de ocho meses de la desaparición de Ania, la Fiscalía de Michoacán informó de la localización de sus restos mortales, pero fue hasta el 7 de mayo que sus familiares pudieron viajar a México para su identificación.

Desde junio del 2023 a la fecha, la familia ha señalado “omisiones y trato indigno de las autoridades del Consulado de Colombia en México”, entre ellas, que su personal diga “que todas las comunicaciones relacionadas con la desaparición de personas se deberían realizar por correo electrónico, pues carecen de un número de teléfono para la atención de estas situaciones”.

La organización aclaró que en tanto, las familias y sus representantes han contado con el apoyo constante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, cuyo titular Josué Alfonso Mejía Pineda “instruyó apoyar a la familia en todo el proceso”, y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que ha realizado “efectivamente sus funciones y en especial la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán ha actuado con la debida diligencia y la aplicación estricta de los protocolos para la investigación del caso”.

En este sentido, pidió al embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza y al canciller de esa nación, Luis Gilberto Murillo, escuchen a las familias de personas desaparecidas “y se comprometan a construir políticas públicas que garanticen la atención adecuada y el trato digno a las y los colombianos en el exterior”.