Aplastadas mediáticamente por las campañas electorales, las múltiples denuncias de los pueblos indígenas por la suplantación de su representación por parte de los partidos políticos, parecieran invisibles. Sin embargo, casi no hay una sola entidad en que las comunidades no hayan protestado por la burla de que son objeto.
Las candidaturas a las que tienen derecho por la vía de la acción afirmativa han sido abrumadoramente usurpadas por la partidocracia y las autoridades electorales. Un pingüe negocio de expedir falsas constancias de adscripción a un pueblo originario para candidatos mestizos, ha florecido de la mano de la complicidad de funcionarios electorales. La lista es enorme.
El 9 de mayo, la asamblea general del pueblo yoreme-mayo exigió en Hermosillo, Sonora, juicio político contra Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE). Lo acusan de no respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas y su derecho a elegir a sus representantes populares.
Los mayos (la gente de la ribera) tomaron las oficinas del IEE. Colocaron en la entrada banderas de su nación, con los colores rojo, blanco y azul. Denunciaron que en los municipios de Huatabampo, Etchojoa, Álamos, Navojoa y Benito Juárez, “se excluyó a los gobiernos tradicionales y se empoderó a entes políticos”.
Con sombrero, paliacate rojo al cuello y un profuso bigote entrecano, el gobernador de la comunidad de San Ignacio Cohuirimpo, Remedio Severo Aguilar, señaló que declaraban improcedente el proceso electoral de representación indígena en su territorio. Demandó el reconocimiento de la asamblea del pueblo yoreme (el que respeta), la que, con mecanismos de libre determinación, bajo usos y costumbres, logró consensos para expedir la carta de representación política bajo los esquemas de trabajo comunitario y reunificación.
Explicó que “los partidos políticos no forman parte de nuestra identidad. Nosotros tenemos nuestras formas políticas de seleccionar a nuestros representantes. La razón por la que no hemos desaparecido de la historia de la humanidad es por nuestra capacidad de organizarnos y construir acuerdos. Al imponer un sistema de partidos como forma de representación, el IEE no nos reconoce y nos desaparece como pueblo indígena. Nos condena a la desigualdad y favorece la suplantación y discriminación. Nos entrega como mercancía a los partidos políticos. Nos negamos a la simulación que nos ofrece el IEE”. Más claro ni el agua.
También en Sonora, el IEE insaculó (sorteó) a los regidores étnicos de los municipios de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Benito Juárez. Los integrantes del Movimiento Indígena Vanguardista en la entidad calificaron el hecho de total falta de respeto a la tribu mayo. “Los regidores –dicen– deben ser electos con base en los usos y costumbres, que establecen que la máxima autoridad es el gobernador tradicional”.
En Sinaloa, el gobernador yoreme de Ohuira, en Ahome, Felipe Montaño, reveló que el PRI registró como candidatos a regidores plurinominales en cuatro municipios a personajes desconocidos por los pueblos originarios. “Nomás con los apellidos que tienen sabemos que no son indígenas. No nos representan”, dijo.
Según don Felipe, los candidatos registrados bajo el principio de acción afirmativa, son la muestra de que no sólo el PRI, sino la mayoría de los partidos, siguen sacándole la vuelta a la ley para imponer a incondicionales, protectores de sus intereses y no a indígenas originarios. “Todo está en una esfera de pura corrupción, de pura simulación.” En lengua yoreme, al hombre blanco se le dice “el que no respeta”. La suplantación de la que son objeto demuestra efectivamente, que partidos y autoridades electorales no respetan las etnias.
En Baja California, el Observatorio Autónomo de Participación Política de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, creado en abril por la Asamblea Estatal Indígena, señaló a 32 candidatos autoadscritos como indígenas de probablemente no pertenecer a la comunidad.
Estas usurpaciones tienen que ver con la falta de autenticidad de las asambleas comunitarias y autoridades tradicionales que emitieron las cartas de autoadscripción y vínculo comunitario, pues en algunos municipios no hay comunidades indígenas a las que dicen pertenecer. Adicionalmente, los suspirantes no son personas con trabajo y servicio comunitario en favor de las etnias ni habían ejercido sus identidades ni pertenencia a los pueblos de los que dicen ser integrantes.
Partidos y autoridades electorales se complementan en las labores de suplantación. En Chihuahua, el distrito 22, con cabecera en Guachicovi, está reservado para “personas indígenas”. Sin embargo, las dos grandes coaliciones, la del PRI-PANPRD y la de Morena, son encabezadas por personas que dicen tener una vinculación con las comunidades, pero no son realmente indígenas. Sin embargo, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) rechazó la impugnación de rarámuris contra la designación de estos candidatos.
Según Hugo Molina, magistrado del TEE, es muy común que se postule a personas que no son indígenas, como es el caso del actual diputado por ese distrito, el priísta Noel Chávez, ya que a cambio de mejoras les extienden la constancia.
Mientras los partidos políticos tengan el monopolio de la representación electoral y sean ellos y no los pueblos indígenas los que decidan quiénes son candidatos a puestos de elección popular, la suplantación seguirá floreciendo. Lo que la comunidad no da, la billetera lo compra. El racismo y la discriminación son consustanciales a nuestro sistema partidocrático.
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