Prometí el lunes pasado mencionar otros factores que contribuyen a la grave crisis que padecemos en materia hídrica y que se agregan a los ya citados: incumplimiento de los planes anunciados cada sexenio sobre dicho recurso, descoordinación entre las instancias gubernamentales; concentración extrema del líquido en poderosos intereses económicos y políticos…

Uno, básico, la salvaje deforestación en el territorio nacional, especialmente los últimos 70 años. Tabasco, perdió más de un millón de hectáreas de selvas para dar paso a una ganadería extensiva y a plantaciones comerciales que alteraron por completo los ecosistemas que por miles de años existieron. Veracruz arrasó con la mitad de sus selvas y bosques para igual fin. Y suerte parecida han sufrido especialmente Oaxaca, Chiapas, Guerrero, el estado de México, Michoacán, Durango, Chihuahua y, por supuesto, la Cciudad de México. Los resultados: erosión de las cuencas hidrográficas, eliminación de las fábricas naturales de agua que son los bosques y las selvas; igualmente, temperaturas más elevadas y falta de humedad.

La deforestación de las riberas de las principales cuencas hidrográficas ocasiona la pérdida su capacidad de conducir agua en tiempos de lluvias y huracanes saliéndose de su cauce normal e inundando poblaciones ribereñas y áreas de cultivo. Como fuentes alimentadoras de grandes presas, también llevan hasta ellas la tierra fruto de la deforestación, restándoles así capacidad de almacenamiento.

No deja de ser una contradicción que las autoridades que deben cuidar el recurso forestal, que presumen aumentar cada sexenio las áreas naturales protegidas, establecieran programas para destruirlo, como sucedió en los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo con el Programa Nacional de Desmontes. O no combatieran la tala ilegal que se observa en tantas regiones y se realiza por corrupción, pobreza y/o negocio de bandas criminales. Ejemplos cercanos a la CDMX: el Ajusco, Tres Marías, Topilejo, Zempoala. Y en el norte, Chihuahua y Durango.

En el segundo debate por la Presidencia de la República, la candidata del Prian se quejó del lamentable estado en que se encuentran los lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo y Valle de Bravo. Pero el origen del problema nace en los gobiernos del PRI y el PAN, que conocieron oportunamente las causas de lo que allí sucede y cómo solucionar la situación. Tampoco el gobierno actual tomó las medidas adecuadas. En el caso de Valle Bravo, reinan los intereses de empresarios y políticos que han deforestado las cuencas alimentadoras y se han apoderado del agua para surtir complejos habitacionales. Todo con la complicidad de las autoridades.

En las últimas semanas las dos principales contendientes a la primera magistratura del país prometen resolver, ahora sí, el problema del agua en el país. También en la Ciudad de México y su área conurbada. No será con ocurrencias, como la de la candidata X, de convertir el lago de Texcoco en un reservorio de agua dulce, cuando es un ecosistema salado, único y Área Natural Protegida. Lo que sí urge es que la elegida cambie de raíz el modelo irracional de utilización del agua que este sexenio heredó y sostuvo.

Y ello exige la aprobación de la tantas veces postergada Ley de Aguas Nacionales y su estricta aplicación. Con base en ella, dar prioridad a la dotación de agua de buena calidad y suficiente a las poblaciones, a las que se dedica 14 por ciento del líquido disponible; acabar con el mal uso en el sector agropecuario, el cual concentra 76 por ciento; combatir la corrupción en la Comisión Nacional del Agua y la extracción ilegal de líquido. Hacer cumplir la legislación vigente sobre el tratamiento de las aguas negras de las poblaciones y la industria, y reutilizarlas adecuadamente.

Y con igual urgencia, lograr que varias dependencias federales y los gobiernos de los estados y municipios cumplan su cometido, comenzando con las desdibujadas secretarias del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Agricultura, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional del Agua.

La terrible ola de calor y sequía que padecemos, anunciada oportunamente, obliga a una reforma a fondo en materia ambiental. Y con el agua como prioridad.