Washington y Nueva York. Respondiendo a presiones de año electoral, tanto de republicanos como de su propio partido, el gobierno de Joe Biden promovió nuevas regulaciones que buscan limitar aún más el derecho al asilo a inmigrantes indocumentados en la frontera con México, una de varias medidas ejecutivas que según críticos son demasiado parecidas a las de su contrincante y ex presidente Donald Trump.

Las nuevas regulaciones permitirán que funcionarios estadunidenses en la frontera puedan más rápida y extensamente rechazar a migrantes que cruzan sin papeles solicitando asilo. Las medidas son órdenes ejecutivas que instruyen al Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ser más exigentes al entrevistar a los solicitantes para evaluar si existe el llamado temor creíble de peligro si retornan a sus países de origen. La medida no será implementada hasta a partir de un mes.

Con la medida el gobierno podría intentar reducir el número de migrantes que hubieran sido aprobados en la entrevista sobre temor creíble, sólo para después ser declarados inelegibles en el proceso, con ello también reduciendo el volumen de solicitantes que proceden a las audiencias plenas sobre sus casos, explicó Ariel G. Ruiz Soto, analista de políticas en el Migration Policy Institute en Washington.

En entrevista con La Jornada, explicó que cuando un migrante dice a un agente de la Patrulla Fronteriza que teme regresar a su país de origen, o a México, éste es referido a los funcionarios del USCIS que realizan una entrevista inicial para evaluar si el caso debe proceder a una evaluación más extensa para determinar si amerita el asilo.

Bajo la ley actual, a toda persona que ha cometido un delito grave en Estados Unidos o un delito serio no político en otro país se le puede prohibir solicitar el asilo y ser expulsado de suelo estadunidense. Otras razones por las cuales se puede rechazar a solicitantes al inicio es que ya están residiendo en otro país o que una solicitud de asilo previa fue negada. En el sistema actual, este tipo de preguntas no son empleadas hasta una etapa más avanzada del proceso de asilo. Bajo las nuevas regulaciones estarían entre las preguntas hechas de inmediato y los funcionarios podrían descalificar al solicitante, en cuyo caso sería inmediatamente expulsado del país.

Otro filtro en la ley actual es el requisito de que migrantes soliciten asilo en el primer país al que llegan después de salir del suyo si Estados Unidos ha determinado que es un tercer país seguro con el cual existen acuerdos bilaterales.

En la práctica, los funcionarios estadunidenses en la frontera suelen tener prisa y frecuentemente no hacen todas estas preguntas y aceptan las respuestas sin indagar mucho más. Pero bajo las nuevas regulaciones, estas preguntas iniciales serían más rigurosas con el propósito de expulsar a más solicitantes antes de permitir que procedan a la próxima etapa del proceso.

Serán rechazados desde la etapa inicial del proceso

Defensores de inmigrantes y el derecho al asilo expresan preocupación. Esta regla da a oficiales la autoridad para negar el asilo en la etapa inicial del proceso, y en esa etapa los solicitantes frecuentemente no tienen acceso a abogados o evidencia para sus casos, señala el abogado de migración Jose Pertierra en Washington. En entrevista con La Jornada comentó: “me preocupa que la nueva regla limite el proceso debido… Consecuentemente, solicitantes de asilo que no son ni ‘terroristas’ ni criminales podrían ser injustamente rechazados para el asilo”.

Al mismo tiempo, expertos y políticos dejan claro que estas nuevas regulaciones tienen primero un propósito electoral para servir como demostración de que el gobierno de Biden está haciendo algo para frenar el flujo de migrantes indocumentados a través de la frontera, asunto que Trump y los republicanos están usando efectivamente para fines electorales y que han logrado elevar a uno de los temas centrales de esta elección. Una encuesta Harris realizada para Axios emitida a finales de abril registró que 68 por ciento opinan que la inmigración indocumentada causa problemas mayores en las comunidades y la mitad de los sondeados (incluyendo 42 por ciento de demócratas) dicen que apoyan las deportaciones masivas de indocumentados.

Pero hay contradicciones: esa misma encuesta Harris registró que 58 por ciento apoyan ampliar los caminos legales para una inmigración ordenada, mientras 46 por ciento dicen que los solicitantes de asilo deben ser protegidos si sus casos son legítimos.

No obstante, los republicanos siguen controlando la narrativa con ataques diarios de las políticas demócratas de frontera abierta poniendo a la defensiva al presidente y su partido. Ejemplo de ello es que la semana pasada 15 legisladores demócratas escribieron públicamente a Biden para instarle a que “use todas las herramientas a su disposición, incluyendo la acción ejecutiva, para abordar mejor la seguridad en la frontera sur, interceptar el fentanilo ilícito y permitir una inmigración legal ordenada”.

También esa presión electoral ha contribuido a que el gobierno de Biden esté deportando a más inmigrantes que nunca (https://www.jornada.com.mx/2024/05/11/politica/004n2pol). No queda claro cuál será el impacto real de estas medidas.

Hacen falta agentes

Un problema mayor para este gobierno es que sencillamente no hay suficientes funcionarios en la frontera para procesar efectivamente a todos los solicitantes asilo, y aunque el gobierno de Biden ha buscado obtener más fondos para contratar a más agentes migratorios y equipos legales en la frontera, los republicanos han obstaculizado ese esfuerzo justo –tal como los demócratas acusan– porque les conviene electoralmente mantener el caos en la frontera.

El gobierno de Biden, mostrando su alarma por el manejo político efectivo del tema por sus adversarios, ha amenazado con impulsar medidas aún más extremas que incluyen cerrar los cruces fronterizos temporalmente, cuando el número de indocumentados llegue a ciertos niveles y/o excluir a amplias categorías de migrantes. Pero esas medidas son más políticamente peligrosas, ya que nutrirían la ira y mayor desencanto entre sectores claves de apoyo de Biden, además de que, según expertos en migración, serían ilegales bajo la ley nacional e internacional.