Ciudad de México. Empresarios exhortaron a los candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a adoptar propuestas que garanticen un crecimiento ordenado y sustentable de la ciudad, que también promueva el desarrollo económico en beneficio de todos sus habitantes.

En voz de la Confederación Patronal de la República Mexicana local (Coparmex CDMX) señalaron que se requiere un enfoque integral, “que combine acceso a la vivienda, desarrollo urbano sostenible, calidad de vida y participación ciudadana en las políticas de largo plazo para el desarrollo y crecimiento de la Ciudad”.

En ese sentido el organismo empresarial propuso el establecimiento de lineamientos y regulaciones claras que fomenten un desarrollo inmobiliario responsable, la preservación de espacios públicos y la inclusión de vivienda asequible.

En relación a las temáticas del debate, del domingo, reconocieron que las propuestas presentadas por la candidata y los candidatos estuvieron bien fundamentadas y buscan mejorar las condiciones de la capital.

En materia de planeación del desarrollo Inmobiliario Urbano, plantearon la necesidad de acceso a una vivienda digna para las juventudes y todos los ciudadanos e invitaron a los candidatos a profundizar sus propuestas en este sentido.

El organismo empresarial destacó la importancia de un desarrollo urbano planificado y sostenible, “la creación de comunidades integradas, con acceso a servicios básicos, como agua, energía, transporte público interconectado, educación de calidad, así como empresas y empleos cercanos y disponibles. Por tanto, nos gustaría conocer cuál será la inversión que los candidatos realizarán para ello”.

Enfatizaron que las propuestas de los candidatos deben atender la necesidad de involucrar a la ciudadanía y a los sectores interesados en los procesos de planeación y toma de decisiones sobre el desarrollo urbano.

En materia de seguridad y justicia, instaron a los candidatos a profundizar sus propuestas para fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, garantizando su profesionalización, transparencia y rendición de cuentas.

“Proponemos mejorar la coordinación y cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, así como con la sociedad civil, para implementar estrategias efectivas de prevención y combate a la delincuencia, especialmente aquellas vinculadas al delito de extorsión”.

Asimismo a profundizar en el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, que atiendan las causas estructurales de la violencia y fomenten la cohesión social.