De los 282 centros penitenciarios que hay en el país, poco más de 90 mil personas tenían derecho a sufragar, siempre y cuando hubieran manifestado su intención de participar. Con esto, el INE analizó su procedencia para inscribirlos en el registro de votantes. Al final, la Lista Nominal quedó integrada por 30 mil 391 personas.

Yucatán es la única entidad en la que no se dará este ejercicio democrático. En los demás, los Organismos Públicos Locales del INE elaboraron una base de datos para entregarles las boletas correspondientes a los centros penitenciarios, donde se instaló una logística especial para los votantes. El personal designado del INE asiste con paquetes electorales previamente revisados, líquido indeleble, mamparas especiales y marcadores correspondientes para las boletas.

El procedimiento de votación se distingue del tradicional, en el sentido de que a cada persona se le entrega un tríptico informativo con las plataformas electorales de los partidos políticos y un sobre paquete electoral donde aparecen los candidatos que podrá elegir, ya sean del orden federal o local, según corresponda. Estos sufragios –entregados a la autoridad electoral– serán contados el 2 de junio, día de los comicios, cuando sean integrados en los Consejos Distritales correspondientes y sumados a las candidatas o candidatos elegidos.

Este proceso es un avance en el crecimiento democrático de México, pero no deja de tener sus puntos difíciles, por ejemplo cómo se va a garantizar la eficacia del voto de los que están recluidos. Hay que tomar en cuenta que las personas no tuvieron acceso a las campañas ni a las propuestas de los partidos. Así es que serán votantes con derechos disminuidos. Es de esperarse una reforma para dotar a los que están recluidos de un real acceso efectivo a sus derechos políticos.